León lidera los delitos viales en Castilla y León
La provincia registra un aumento del 7,8% respecto al año anterior, mientras la comunidad alcanza su máximo histórico con 2.658 personas implicadas en delitos contra la seguridad vial
León fue la provincia de Castilla y León con más conductores detenidos o investigados por delitos contra la seguridad vial durante 2025, con un total de 441 personas, un 7,8% más que en 2024. La cifra sitúa a la provincia a la cabeza de la comunidad en números absolutos, por delante de Valladolid, que contabilizó 409 casos, un 18,5% más que el año anterior.
El incremento registrado en León se enmarca en una tendencia al alza en el conjunto de Castilla y León, donde el número de detenidos e investigados por delitos contra la seguridad vial alcanzó el pasado año su máximo histórico, con 2.658 personas. El dato supone un aumento del 19,5% respecto a 2024 y del 36,1% en comparación con 2018, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Ical.
La evolución de las cifras refleja un cambio en las principales causas de estos delitos. Por primera vez, conducir sin haber obtenido nunca el permiso o después de perder todos los puntos supera a los delitos relacionados con el alcohol y las drogas al volante.
Conducir sin carné ya es la principal causa
En Castilla y León se contabilizaron 1.114 casos de conducción sin haber obtenido nunca el permiso o tras haber perdido todos los puntos, frente a los 833 de 2024. El aumento alcanza el 33,7% y esta categoría representa cerca del 42% de todos los delitos contra la seguridad vial registrados en la comunidad.
Por su parte, los delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas aumentaron un 10,2%, hasta los 1.048 casos, que representan el 39,4% del total. El exceso de velocidad tuvo una incidencia mucho menor en las estadísticas, con 37 casos, la misma cifra que en 2024, equivalente al 1,4% del conjunto.
El crecimiento de los delitos vinculados a la falta de permiso de conducir o a la pérdida de todos los puntos explica buena parte del incremento general registrado en la comunidad durante el último año.
Zamora registra la mayor subida porcentual
Aunque León encabeza las cifras absolutas, Zamora fue la provincia donde más aumentaron los delitos contra la seguridad vial en términos porcentuales. Registró 303 personas detenidas o investigadas, un 47,8% más que en 2024.
Salamanca contabilizó 319 casos, con un incremento del 35,7%, mientras que Palencia alcanzó los 200, un 26,5% más. En el resto de las provincias también se produjeron aumentos: Segovia sumó 325 casos, un 13,6% más; Burgos, 278, un 17,8% más; Ávila, 243, un 12,5% más, y Soria, 140, un 3,7% más.
De esta forma, todas las provincias de Castilla y León registraron incrementos, aunque con diferencias importantes tanto en el volumen de casos como en su evolución respecto al ejercicio anterior.
Castilla y León, la comunidad donde más crecen estos delitos
En el conjunto de España, los detenidos e investigados por delitos contra la seguridad vial ascendieron a 25.619 en 2025, un 3,8% más que el año anterior.
Entre las comunidades autónomas incluidas en la comparación —que excluye a Cataluña y el País Vasco porque la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no tiene competencias en esos territorios—, Andalucía encabezó las cifras con 5.519 personas, seguida de Galicia, con 3.011, y la Comunidad Valenciana, con 2.914. Castilla y León ocupó el cuarto puesto, con 2.658, pero registró el mayor incremento interanual entre las comunidades analizadas.
Por sexos, los hombres representan nueve de cada diez personas detenidas o investigadas. Sin embargo, la proporción de mujeres aumentó dos puntos en un año, al pasar del 8% al 10%.
Stop Accidentes reclama más prevención y formación
La secretaria general de la ONG Stop Accidentes, Jeanne Picard, considera que la evolución de los datos demuestra que «algo no está funcionando bien» y advierte de que la tolerancia cero frente al alcohol y las drogas al volante todavía está lejos de ser una realidad.
Picard reclama prestar especial atención a los conductores reincidentes, sobre todo en los casos relacionados con el alcohol, y recuerda que detrás de algunas de estas conductas puede haber problemas de salud que requieren una respuesta específica. También considera necesario revisar los cursos de recuperación de puntos del carné y reforzar la formación y la información para evitar que se repitan los comportamientos de riesgo.
La representante de Stop Accidentes lamenta las dificultades para reeducar a los infractores y apela también a la responsabilidad del entorno de los conductores y de la sociedad en general para impedir que las personas que han consumido alcohol se pongan al volante.
Qué penas contempla la ley
Las consecuencias de los delitos contra la seguridad vial varían en función de la conducta y de su gravedad. En materia de alcoholemia, un resultado positivo puede acarrear sanciones administrativas de 500 o 1.000 euros y la pérdida de cuatro o seis puntos, según la tasa y las circunstancias. Los límites son inferiores para determinados conductores.
Cuando la tasa supera los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado —o los 1,2 gramos por litro de sangre—, la conducta constituye un delito. El Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del derecho a conducir durante más de un año y hasta cuatro años.
También constituye delito conducir sin haber obtenido nunca el permiso, hacerlo después de perder todos los puntos o tras una privación judicial del derecho a conducir. El artículo 384 del Código Penal prevé para estos supuestos penas de prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
El exceso de velocidad puede convertirse igualmente en delito cuando se supera en más de 60 kilómetros por hora el límite permitido en vías urbanas o en más de 80 kilómetros por hora en vías interurbanas. Asimismo, negarse a realizar las pruebas legalmente establecidas para detectar alcohol o drogas puede conllevar prisión de seis meses a un año y retirada del permiso de conducir.
La conducción temeraria y las conductas que generan un peligro grave para la circulación también están castigadas penalmente, con penas que aumentan en función del riesgo creado y de si se pone en peligro concreto la vida o la integridad de otras personas.