Sancionables desde noviembre del año 2007

La publicación del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, conocido con las sigla en inglés Eper, hace un mes responde al primer paso de aplicación de la directiva IPPC, traspuesta a la legalidad española en el 2002. Desde entonces, y con datos del 2001, las empresas papeleras, cementeras, termoeléctricas, metalúrgicas, minerales, químicas, de gestión de residuos, papeleras, textiles, del cuero y agroalimentarias o ganaderas, han tenido que facilitar a las administraciones regionales sus datos de contaminación, que luego las comunidades han debido de corroborar. Ellas lo han facilitado al Ministerio de Medio Ambiente y éste a la Comisión Europea, que están obligados a hacerlos públicos con el objetivo de transparencia y para que las industrias vayan solicitando sus autorizaciones ambientales integradas e instalando máquinas y procesos modernos (con las últimas y mejores técnicas disponibles) para reducir su contaminación antes del 30 de octubre del 2007. A partir de entonces los límites de emisión actuales se endurecerán y podrán ser sancionadas con entre 2.000 y 2 millones de euros, en función de la gravedad. A esta norma va vinculada otra que ahora se elabora, el plan nacional de asignación de emisiones contaminantes, que ha de estar concluido en 20 días para notificarlo a Europa. Será el límite de cada industria, que se verá obligada a modernizarse para reducirlas conforme a Kioto.