Diario de León

Los sindicatos recurrirán el que los exámenes sean un servicio mínimo

El 80% de los docentes de la Universidad secundaron el paro

Los rectores tratarán, en próximas reuniones, de desbloquear el convenio

Personal docente e investigador se concentró frente al Rectorado

Personal docente e investigador se concentró frente al Rectorado

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Ana R. Rivero - león
León

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El 80 por ciento del personal docente e investigador de la universidad leonesa se sumó ayer a la huelga convocada por las centrales sindicales CC.OO. y la UGT destinada a reclamar el desbloqueo que actualmente paraliza la negociación del Convenio Colectivo del personal Docente Contratado, según cifras manejadas por los sindicatos. La decisión de la Junta de declarar como servicio mínimo los exámenes fijados para la jornada de ayer en las universidades públicas de la comunidad será recurrida por los sindicatos según indicó Ana Robles, responsable de la sección sindical de CC.OO. en la Universidad de León. Las universidades públicas de la comunidad pidieron ayer mediante diversos actos de protesta y movilizaciones una mejora en el desarrollo de las labores docentes e investigadoras que, en cifras globales, afecta a un total de 316 miembros del personal docente de la ULE. Cifra que se amplía hasta las 2.700 personas en toda Castilla y León. Tras dos años de negociación, los sindicatos estiman «que las propuestas de tablas salariales realizadas por las universidades son inaceptables» por plantear sueldos «irrisorios e indignos». Razón por la que se exige a la Junta que aporte la financiación suficiente para garantizar a este profesorado «unas retribuciones acordes a su nivel de responsabilidad, formación y titulación exigida», según manifestaron fuentes sindicales. Se pide por tanto a la Junta que presente en la primera Mesa de Negociación del Convenio «con una propuesta de financiación suficiente y precisa para lograr su desbloqueo», según indican en un comunicado. En este sentido, Ana Robles recuerda que el primer borrador del convenio, presentado en la primavera del 2004 fue «rechazado en su totalidad» debido a que constituía «un compendio de obligaciones». La situación de agravio económica fruto de la «desidia y el desinterés de la Junta de Castilla y León al no aportar la financiación necesaria» está llevando a las universidades a «una situación preocupante». «La precariedad laboral», denunciaron, afecta a siete categorías de profesores. Entre las peticiones de apoyo se encuentra la realizada a los equipos rectorales a los que se les exige «unas condiciones laborales dignas», hecho por el que les instan a unir sus voces con un propósito: conseguir que la Junta de Castilla y León cumpla con la promesa realizada hace cuatro en materia de financiación universitaria.

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