La Junta rechazó hacerse cargo de la pieza por falta de una orden judicial en firme

Eduardo Fernández, delegado de la Junta en León, manifestó ayer tener constancia de lo sucedido «desde hace ya varios días» y significó la postura del organismo territorial en este asunto: «A nosotros nos dijo la Guardia Civil que nos dejaban en depósito el reloj, pero no había una orden del Juzgado para que nos hiciéramos cargo, o un mandato que reflejara en qué condiciones se hacía aquello, porque, por lo que nos dijeron en aquel momento, no está claro que haya sido robado, y no podemos tener en nuestros fondos un artículo que luego, mañana, nos pueden reclamar. Además, ahora mismo, ni siquiera está previsto un almacén donde se puedan guardar estas cosas en estos casos. Es muy complicado y es inusual». Fernández significó que, a diferencia del Estado, «la Junta puede hacerse cargo de objetos que no son de su propiedad, simplemente aludiendo a que se necesita que alguna institución se haga cargo de un fondo de patrimonio de interés cultural. El Estado solamente lo hace si los bienes son suyos, pero en este caso, no ha sido necesario, porque al final, por lo que tengo entendido, se lo llevaron de nuevo». Pendientes de la sentencia La propia administración territorial se encuentra a la espera de que se produzca una resolución judicial firme en forma de sentencia en torno al caso del Archivo Provincial, en el que uno de sus funcionarios, T.B.C. fue acusado de haber cometido un presunto delito de hurto continuado de bienes, que se habría producido entre junio de 2001 y enero de 2002, por el que se le sometió a juicio durante cuatro días el pasado mes de marzo. Básicamente, se trataría de esclarecer la desaparición de material de un alto valor histórico y material, principalmente un facsímil de la Biblia de San Isidoro, los Privilegios de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y las Cédulas de La Cepeda. En un plazo no superior a dos semanas, en teoría (aunque podrían producirse demoras) se espera que se haga pública la sentencia. El ministerio fiscal solicitaba tres años de prisión y una indemnización de en torno a 120.000 euros, mientras la defensa del imputado solicitó la libre absolución de su patrocinado y que se le eximiera de los cargos.