El PSOE exige a la Junta que paralice una cantera junto al pantano de Luna

El PSOE comunicará al fiscal el procedimiento que se siguió para la apertura y explotación de una cantera caliza en Mirantes de Luna y que supuso la desaparición de 179 sabinas centenarias «el mayor sabinar del occidente de León», según relató ayer la procuradora Inmaculada Larrauri. En la misma denuncia, que efectuó junto al procurador Antonio Losa, destacó que la actividad de la cantera afecta directamente al hábitat del alimoche, el halcón peregrino y el águila real. «Eso se desprende ya de un in forme emitido por los técnico de Medio Ambiente en León, quienes han informado desfavorablemente sobre esa actividad; sin embargo, la Junta no ha impedido nada», se lamenta Larrauri, que ordenó en rueda de prensa el relato cronológico de los hechos. «Barrio de Luna concedió a la empresa Amesa una licencia de actividad para tres hectáreas en el año 1983; esa explotación se abandonó. En el año 2001 esa empresa presenta proyecto de aprovechamiento para esa cantera en Mirantes, en el paraje de la Tijera, en el monte de utilidad pública 117, en zona LIC, Zepa e incluido en un espacio natural protegido; en el 2002, esta empresa arrienda los trabajos a favor de Explotaciones Mineras de Navaleo. Ese mismo año, el entonces delegado de la Junta en León, Luis Aznar Fernández, autoriza el proyecto con la única condición de un aval de depósito de 20.906 euros para garantizar su restauración». Tras esta apreciación, el PSOE comienza a mentar al fiscal de la sala de medio ambiente. «Llevamos el caso a la fiscalía porque entendemos que hay delito, del que la Junta sería responsable por conocimiento, omisión y responsabilidad», apreció Antonio Losa, que define como un hecho de «suma gravedad» la reacción desde la administración autonómica después de que la propia guardería de medio ambiente denunciara que la actividad de la cantera se saliera de los límites de las tres hectáreas iniciales. «Cuando la nueva concesionaria amplió hasta las 7,4 hectáreas los trabajos para extraer caliza, la guardería denunció, y también el Seprona de la Guardia Civil. A raíz de esto, la empresa solicitó la autorización de ocupación temporal de los terrenos, que contó con un informe negativo de los técnicos, que la Junta silenció y guardó en un cajón». Los procuradores del PSOE, que exigen la paralización inmediata de la explotación, estiman que en todo el proceso se han vulnerados las leyes de Montes, de Minas, la conservación de espacios naturales y la ley de urbanismo. «Todo debería haber comenzado con un expediente de utilización del monte y un impacto ambiental; y nada se ha hecho», concluye Losa