Días de preguntas sin respuesta

Un aplauso fue el único sonido que rompió el apabullante silencio que presidió la marcha. Cinco mil personas salieron a la calle el 18 de octubre del 2004 para ofrecer su apoyo a las familias de Silvia y Aurora. Fueron las hermanas de las víctimas las que leyeron el comunicado que cerró la manifestación de duelo, y en el que pedían que nunca volviera a suceder nada parecido. «Rogamos, suplicamos y deseamos que se revisen en profundidad las conductas personales, a veces maquilladas por actitudes puntuales que confunden, y que no se permita a determinadas personas la posiblidad de volver a realizar actuaciones tan dramáticas e inhumanas como las que nos ha tocado vivir». Superándo el dolor, las dos hermanas quisieron también agradecer la presencia de los leoneses en la marcha y especialmente el apoyo y el cariño que recibieron de los vecinos de las localidades de procedencia de las jóvenes. «Es muy importante vuestra presencia, para que desde la rabia y la impotencia qu enos invade, nos quede tiempo para la reflexión y para pedir que situaciones como esta no se vuelvan a repetir nunca». Y es que el hecho de que el presunto asesino de Silvia y Aurora, Pedro Jiménez, estuviera disfrutando de un permiso penintenciario en el momento de cometer los brutales crímenes, despertó la rabia e indignación en toda la provincia, más aún porque Jiménez hubiera sido condenado en varias ocasiones por delitos de violación, y que muchos de estos delitos los hubiera cometido estando de permiso. La súplica de las familias llegó a manos del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que días después recibió en La Moncloa a los familiares, en un encuentro marcado por la emoción, y en el que el presidente del Gobierno expresó sus condolencias por los crímenes. La muerte de Aurora y Silvia despertó una dura polémica en el ámbito judicial, por el sistema de concesión de permisos. Ya en su día, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegre, aseguró que la sala de Gobierno «no ha visto irregularidades» en la actuación de los dos jueces a quines se abrieron diligencias informativas por las decisiones que adoptaron sobre Pedro Jiménez.