El PSOE denuncia que sólo 1 de cada 3 dependientes tienen prestación
dl | redacción
La procuradora leonesa del PSOE, Victorina Alonso reiteró que en Castilla y León la aplicación de la Ley de la Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero del 2007, se ha caracterizado por «la falta de transparencia». Además, criticó que se hayan creado únicamente 820 empleos, frente, por ejemplo, a los 20.000 que se han generado en Andalucía.
Por su parte, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, valoró positivamente el desarrollo y la aplicación de la ley en la comunidad, al tiempo que defendió que hay 31.000 personas que tienen reconocida su situación de dependencia, de los cuales más de 23.000 están recibiendo o decidiendo el tipo de prestación más adecuada.
Además, señaló que el 73% de los dependientes están siendo atendidos a través del sistema de servicios sociales de Castilla y León, frente al 23% que lo hacen a través de los recursos del Estado. Respecto a Andalucía afirmó que están haciendo una atención a la dependencia «barata» frente a la de «calidad» de Castilla y León.
Financiación adicional
En otra pregunta parlamentaria formulada por el procurador socialista Fernando Rodero, quien anunció una financiación adicional del Gobierno de España, que será el doble de lo que recibe la Comunidad en la actualidad, Antón confió en que esto sea una realidad y no se quede en una promesa porque, recordó, el 80 por ciento del coste de la prestación del servicio corre a cargo del Gobierno regional y las familias, frente al 20 por ciento del Estado, reiteró.
Al respecto, Rodero acusó a la Consejería de Familia de no haber sido capaz de gestionar las 40.000 solicitudes presentadas, de las que una de cada cuatro están a la espera de una respuesta. Además, reprochó que existan grandes diferencias en la prestación de servicios por provincias, algo que según Antón no es cierto sino que el desarrollo del modelo se está llevando a cabo de manera «homogénea».
La Ley de Dependencia sigue enfrentando a la Junta de Casrtilla y León con el Gobierno central. Desde uno y otro lado se defienden posturas dispares y ambas administraciones se critican por cómo se está gestionando el desarrollo de la ley. El ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera acusa al de Rodríguez Zapatero de no dotar de la suficiente financiación a la ley y exigir a las comunidades que aporten el dinero.