Contra el «asalto» de la Juntaa los montes de León

LA PROVINCIA DE LEÓN es la más forestal de la Comunidad Autónoma, con casi medio millón de hectáreas de montes, y también la única que cuenta con una particularidad esencial, la existencia de las juntas vecinales que, en igualdad de condiciones que los ayuntamientos, gestionan los montes de utilidad pública y gracias a sus aprovechamientos de madera, pastos, apícolas, micológicos o de cualquier otro tipo consiguen el dinero para poder sobrevivir. Casi se puede decir que sin los montes, las pedanías leonesas estarían llamadas a la extinción.

Es por todo ello que para los pueblos de León es vital el efecto que pueda causar una normativa como la Ley de Montes. En este marco, los municipios y las juntas vecinales han tenido la desgracia de que la Junta de Castilla y León haya desempolvado el Proyecto de Ley que ya retirara en el año 2006 por excesivamente intervencionista en el derecho de los pueblos a tener voz y voto en su patrimonio forestal y no le hayan importando ni las airadas protestas de entonces ni los legítimos temores que los pueblos también manifiestan ahora.

Para empezar, casi nadie puede entender que la apuesta de la Consejería de Medio Ambiente sea la de otorgar más capacidad de gestión a un propietario de monte privado que a uno público, y tanto es así que, por no poder hacer, los pueblos dueños de los montes ni siquiera han podido presentar alegaciones a esta Ley. Tampoco es defendible que el grado de libertinaje que se reserve la Administración autonómica llegue hasta el extremo de que para cualquier tipo de trabajo en el monte propiedad del pueblo la Junta no tenga ni que solicitar licencia urbanística municipal ni pedir la opinión del dueño. Ni que la Junta vaya a impedir lo que la Ley estatal le otorga a los propietarios, la posibilidad de gestionar sus propios montes o cambiar el uso del suelo.

Igualmente es un engaño que la Ley pretenda sólo marcar un mínimo del 15% en la aportación de los propietarios al llamado Fondo de Mejora y que el Partido Popular lo venda como positivo, cuando el riesgo es que al no existir tope máximo alguno la Junta tenga las manos libres para incrementar esta cantidad cuando le venga en gana y todo lo que quiera. Por eso, todas las normativas autonómicas en esta materia fijan un porcentaje invariable y la única que no lo hace es la de Castilla y León.

La Junta se arroga con esta ley la última palabra sobre los montes y retira a las juntas vecinales competencias en cuyo uso las pedanías han demostrado históricamente una gran responsabilidad. Hay muchos ejemplos en los que la Consejería pretende pasar a tomar decisiones vitales para los pueblos, en algunos casos simplemente escuchando a los propietarios, pero sin voto, y en otros, como los planes anuales de aprovechamientos, sin ni siquiera poder recibir información. El aprovechamiento de pastos lo pasarán a ordenar desde la Consejería. Si es complicado para una Junta Vecinal distribuir los pastos entre los ganaderos, que son verdaderos conocedores de sus montes y necesidades, ¿cómo lo van a hacer desde un despacho de Valladolid?

Para rematar la sinrazón, la Ley de Montes que impone el PP no delimita en absoluto, la protección de los bosques. Tampoco desarrolla los mecanismos para aprovechar las enormes posibilidades de creación de empleo en el sector. En materia de incendios, el PP deja, como ocurre hasta ahora, la investigación de los incendios forestales en manos de una empresa privada con el operativo central en Valladolid. Y dedica únicamente siete artículos a los mismos, como si los incendios no tuvieran importancia alguna a la hora de la gestión de los montes. Habla genéricamente de las competencias de las corporaciones locales, pero sin mencionar la financiación, prevé crear un Consejo de montes pero no se explica cómo se va a componer ni cuándo se va a desarrollar su reglamento (quizás nunca), además de tener un mero carácter consultivo, no decisorio.

Aquí viene el gran problema. La Junta de Castilla y León gobernada por el PP ha tramitado esta importantísima Ley de Montes escondiéndola, silenciándola, intentando que no se conociera, impidiendo toda negociación, renunciando al debate, imponiendo, negándose a lo más básico: escuchar. Es lo único que desde la Plataforma creada contra esta Ley le hemos pedido: que escuche a los pueblos, a las asociaciones, a los trabajadores. Es vergonzoso que una administración legisle lo que es de otros sin contar en absoluto con los otros y, lo que es peor, causándoles numerosos perjuicios.

El PP se ha limitado, por boca de la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, o el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, a menospreciar las protestas de los pueblos, negar que las juntas vecinales y los ayuntamientos vayan a perder peso en las decisiones que les afectan directamente, como propietarios, ignorándoles en cualquier asunto relativo a los aprovechamientos, pero sin aportar ningún argumento. Piden un auto de fe.

A pesar de los numerosos argumentos objetivos en contra de esta imposición del proyecto de Ley, el PP en la Junta ha metido el acelerador para su aprobación, ante la evidencia de que es mala y perjudicial para los pueblos leoneses, que empiezan a darse cuenta de la tropelía y ya están reaccionando en contra. Cuando el PP imponga su mayoría en las Cortes, previsiblemente con apoyo del Grupo Mixto, ya no hay marcha atrás y el daño estará hecho. Para entonces, los pueblos leoneses deberán recordar quiénes son y dónde están los responsables.