La resolución del Procurador y las denuncias judiciales de los opositores elevan las críticas
La Diputación se ve obligada a explicar en una comisión el proceso de las oposiciones
El PP presentará informes para avalar «la transparencia» de las pruebas y el tribunal
redacción
La polémica suscitada por el proceso desarrollado por la Diputación en la oposiciones convocadas para cubrir cuarenta plazas de auxiliar administrativo, que ya cuenta con la primera demanda de una de las aspirantes admitida a trámite y con fecha de juicio, ha obligado al equipo de gobierno a convocar una comisión extraordinaria de Personal para dar cuenta de todos los detalles de estas pruebas de acuerdo a una serie de informes realizados para aclarar la situación en «aras a la transparencia de la selección».
La comisión se celebrará el próximo martes, día 5 de mayo, a las 10.00 horas y contará con la presencia de representantes de todos los partidos de la Corporación Provincial, como así es siempre en los órganos de estas características.
El portavoz del equipo de gobierno, Jaime González, reiteró ayer que en el tribunal de estas oposiones no había ningún político y estaba integrado exclusivamente por funcionarios. «Mientras no se demuestre lo contrario, el proceso se realizó con total normalidad y con arreglo a la legalidad, si fuera de otra manera y así se constatara, la Diputación tomaría las medidas oportunas. No se pueden lanzar acusaciones sin demostrar».
En la comisón serán presentados por parte del PP una serie de informes para avalar el proceso, entre ellos, la documentación que fue remitida al Procurador del Común cuando pidió a la institución todos los detalles del proceso ante la queja presentada a principios de diciembre por un centenar de firmas, entre opositores y personal de la propia Diputación en apoyo a la reclamación de los aspirantes y solicitando respeto a los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad y la garantía del principio de transparencia «ante la amplia discrecionalidad manifestada reiteradamente por la institución en los procesos de promoción y provisión de puestos».
La resolución del Procurador del Común -”conocida a finales de marzo-” pone de manifiesto «diversas irregularidades» en las que ha incurrido la Diputación en el proceso de selección para estas cuarenta plazas de auxiliar administrativo. Precisamente, este documento ha animado a un grupo de opositores a acudir a la vía judicial. En estos momentos meditan si el recurso que presentarán contra la institución provincial será por la vía penal, o bien, administrativa.
El Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de León celebrará el 11 de junio el primer juicio sobre este proceso ante la demanda presentada por una de las aspirantes el 1 de abril. Reclama que la baremación de méritos de los candidatos sea realizada de forma adecuada y solicita la anulación de la parte del proceso centrada en este punto.
La polémica también ha suscitado airadas críticas por parte de los socialistas en la Diputación, que han llegado a calificar las oposiciones como de «pucherazo». Aseguran que la resolución del Procurador avala su exigencia de abrir una investigación sobre el proceso en la propia institución provincial, ya que consideran que está «plagado de irregularidades».
En este sentido, el PSOE reclama que estas oposiciones sean clarificadas y anuladas ante las diversas sospechas.