El TSJCyL da la razón a la Junta en el desarrollo curricular de la asignatura Educación para la Ciudadanía
El recurso del Ministerio de Educación impugnó en 2007 los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de la ESO en Castilla y León
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón a la Junta en el desarrollo curricular de la asignatura Educación para la Ciudadanía en la Comunidad. Así lo recoge el fallo judicial con el que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2007 por el Ministerio de Educación a los contenidos de esta materia en Castilla y León.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en sentencia emitida el pasado 27 de abril, ha dado la razón a la Administración Educativa regional en el desarrollo curricular de la asignatura Educación para la Ciudadanía en Castilla y León, como pone de manifiesto la sentencia con la que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Educación ante el currículo de esta materia en la Comunidad.
Este recurso impugnaba objetivos, contenidos y criterios de evaluación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Castilla y León. En total, el Ministerio incluyó en su recurso 46 aspectos, de los cuáles 28 estaban relacionados con Educación para la Ciudadanía. En la sentencia, el TSJCyL desestima todas las impugnaciones propuestas por el MEC respecto a los contenidos de Educación para la Ciudadanía en Castilla y León y, por tanto, legitima la actuación de la Consejería de Educación, que desde el inicio de este contencioso ha defendido la legalidad y, al mismo tiempo, la neutralidad de dicha materia en los centros escolares de la Comunidad Autónoma.
El fallo del tribunal sólo estima la pretensión del Ministerio en uno de los 46 aspectos fundados. El TSJCyL no reconoce a la Consejería de Educación de Castilla y León prefijar una oferta cerrada de materias a los centros educativos. No obstante, el fallo ofrece a la Administración Educativa regional la posibilidad de establecer un número mínimo de alumnos para que las materias puedan cursarse.
Esta decisión judicial garantiza a las familias que han objetado en Castilla y León a Educación para la Ciudadanía la imparcialidad y neutralidad de la asignatura en la Comunidad, tal y como se ha venido defendiendo desde la Consejería de Educación en estos últimos dos años.