La Ley Rural sólo da amparo a una quinta parte de los leoneses
El mapa de zonas a revitalizar admite a un total de 92.000 habitantes
Alonso, Prada, el zamorano Fuentes y Canedo, ayer con alcaldes socialistas fuera del nivel 1.
La Ley de Desarrollo Rural incluirá en el concepto «a revitalizar» a menos de una quinta parte de la población leonesa. Este extremo llega a ridiculizar en esta provincia el objetivo de la norma igualitaria que ha desarrollado el gobierno y que se debe aplicar según los criterios propios que cada autonomía aplique a sus territorios. El de León, sumido en el más profundo retraso social y económico, no aporta más allá de la mitad de su zona rural al ámbito de urgencia que permite la nueva ley para cuando la actuación exige máxima celeridad.
Esta circunstancia que ya se ha asumido en los documentos confeccionados por la autonomía con la connivencia de representantes del PSOE y del PP deja al borde de la extinción a diversas comarcas leonesas, donde ya no hay margen para una actuación inmediata -”según los objetivos de rescate social que apadrinan a esta ley-” y la actividad económica está ya en fase de extinción. Igual que la población que ha ocupado durante generaciones esos territorios. Se citan en ese elenco los cuarenta municipios que presentan las cotas más bajas de rente per cápita, densidad de habitantes o actividad de todo León y que están fuera de la consideración o nivel 1 que interpreta la urgencia de aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Bajo esa tilde no hay más de 92.000 habitantes en León, un bloque poblacional que parece escaso ante la realidad de la provincia leonesa. «Algo hemos hecho mal», insisten los alcaldes, «para que nos traten así, que nos desprecien de esa forma, incluso los propios políticos leoneses, que han participado directamente en la elección de comarcas y territorios que entran en ese reparto», argumentan los excluidos.
Los mismos afectados creen que la pérdida del último tren para sus municipios también puede estar influenciada por el peso de algunos grupos de desarrollo ya constituidos que querrían erigirse en entes administradores de las ayudas económicas que acompañan al plan de Zapatero para rescatar a las áreas rurales de españolas de la miseria. Sólo para la comunidad autónoma se prevén cerca de 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas); unas cifras golosas.