Núñez Pérez alerta sobre la deuda que generarán iniciativas como el Plan E

«Uno de los días más felices y satisfactorios de mi larguísima vida parlamentaria fue la tarde en que se aprobó el texto de la Constitución. No recuerdo un aplauso tan entusiasta, caliente y musical como aquél...». El presidente del Tribunal de Cuentas, quien ocupó un escaño como parlamentario durante veinticuatro años y medio, fue ayer el encargado de reflexionar sobre la Carta Magna en el acto de homenaje de la provincia.

Manuel Núñez Pérez enfatizó el papel de unión de la Constitución para todos los españoles. «Se ha convertido en el mayor factor de cohesión de pueblos, provincias y regiones de España. Factor de cohesión que debe salvaguardarse y protegerse».

Repasó en su discurso la misión del Tribunal de Cuentas que preside y dejó claro que «ningún ámbito de los sectores públicos escapa al control externo». Igualmente, llamó la atención sobre la necesidad de extremar el «rigor» a la hora de controlar la gestión de las nuevas políticas puestas en marcha y su aplicación, refiriéndose al Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E) o el Fondo para la dinamización de la Economía y el Empleo, por ejemplo.

Aseguró que el problema de la fiscalización de estas iniciativas no radica tanto en pronosticar el nivel de déficit que puede alcanzarse, como en evaluar las consecuencias del incremento del grado de endeudamiento, «con el consiguiente encarecimiento del mismo y las restricciones presupuestarias que habrá de soportar en el futuro con los planes de saneamiento que se exigirán».

Otro asunto que acaparó la atención de Núñez Pérez fue la polémica del Estatuto de Cataluña y el Tribunal Constitucional. Defendió el papel del alto tribunal: «No seré yo quien me sume a la mansalva de críticas y descalificaciones, por más que sienta desazón por determinadas tardanzas». De todas formas, aseguró que quienes impulsaron el Estatuto ya eran conscientes de que se presentarían recursos de inconstitucionalidad.

Censuró la línea de deslegitimazión al Constitucional emprendida desde algunos sectores y expresó el asombro que le produce la postura del Gobierno «cuando cuestiona la oportunidad de un pronunciamiento desfavorable al Estatuto, arguyendo que fue aprobado por mayoría absoluta en las cámaras y ratificado en referéndum».