Los alcaldes exigen que la Junta pague parte del programa de mejora del agua
Los regidores consideran oneroso el plan y aseguran que en la comarca no existen problemas de calidad
Reunión con los alcaldes y pedáneos de la comarca.
Alcaldes y presidentes de la juntas vecinales de la montaña oriental leonesa asistieron ayer a una reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cistierna para conocer el programa de gestión de la calidad de aguas de consumo en una charla que ofreció la empresa Laboratorios Jiménez, adjudicataria por parte de la Diputación de León. Los responsables políticos creen que la Junta debe asumir parte de los costes para mejorar la calidad del agua.
Los políticos mostraron su malestar ante las prisas de la Junta de Castilla y León para que el tema de la gestión de la calidad del agua se haga cuanto antes dado que se amenaza con empezar a sancionar a partir del día 15 de agosto. El alcalde de Valderrueda, José Antonio Rodrigo, dijo que hay que flexibilizar el decreto dado que no todos los pueblo son iguales o tienen la misma problemática. «El tema económico en un municipio como Valderrueda con 21 pueblos y 21 depósitos va a ser un gran problema ya que tenemos los recursos muy limitados», según Rodrigo quien precisó que la Junta es la que tiene que tomar responsabilidades al igual que se hacía antes cuando el control de agua lo hacían los servicios de sanidad. «El agua de montaña es de calidad y siempre lo ha sido y ahora todo son exigencias sin pensar lo que realmente nos va a costar». El pedáneo de Santa Olaja de la Varga, Santiago González, señaló que habría que hacer un catálogo de la calidad de las aguas ya que no es lo mismo un agua de la montaña que de la zona del páramo. El alcalde de Almanza, José Luis González, no entiende que con el coste que va a suponer el control de la calidad del agua haya juntas vecinales que quieran seguir con la gestión. «El coste va a ser igual tenga el pueblo tres vecinos o tenga trescientos y eso es lo que no se entiende». El alcalde de La Ercina, Baltasar Fernández dijo que ahora hay que acondicionar los depósitos y los cloradores. «Se sacan leyes sin pensar en el coste a los ayuntamientos, sólo se piensa en las sanciones».