El PSOE cree que la lucha interna del PP recortará servicios en la mancomunidad

El estreno de la alcaldesa de Villarejo, Estrella Fernández Mielgo (PP), en la presidencia de la mancomunidad del Alto Órbigo, a la que accedió el pasado mes de agosto, está siendo tenso. Según ha constatado, las cuentas del organismo atraviesan una situación delicada, con una deuda mínima de 30.000 euros, que obliga a poner las cartas encima de la mesa y a tomar decisiones.

Por eso ha convocado esta tarde a una sesión a los seis ayuntamientos para entregarles un documento con la deuda real de cada municipio y para abordar la situación del único trabajador de la mancomunidad, encargado desde hace doce años de las labores contra-incendios, desbroce y uso de una retroexcavadora, al que no se han pagado las últimas tres nóminas.

Para el PSOE, el asunto se resolverá con un recorte de servicios y el despido del trabajador por la pinza de los ayuntamientos populares de Benavides, Villares y Turcia en las votaciones, según denuncia el diputado socialista Joaquín Llamas. «Existe una guerra interna del PP en el Órbigo que está detrás de los posibles recortes y pérdida de empleo y servicios básicos para todos los vecinos», indica.

Llamas reitera que, alegando una deuda, que se debe a la falta de pago de la aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Benavides del año 2009, de 14.500 euros, los representantes del PP «impondrán con sus votos a la presidenta de la mancomunidad, alcaldesa también del PP en Villarejo de Órbigo, el despido del único trabajador. Un cese que va a suponer un coste de más de 40.000 euros».

La presidenta pide calma, recuerda que la reunión aún no se ha celebrado y asegura que su intención es dar continuidad a todos los servicios y mantener el empleo, poniendo orden en las cuentas y en las aportaciones de cada miembro.

Por su parte, la regidora de Benavides, Ana Rosa Sopeña, reconoce que no se puede mantener a un empleado que resulta más caro que tener uno en cada ayuntamiento, y su homóloga de Villares, Rosa María García, matiza que las tres veces que necesitó su servicio recibió la contestación de que la maquinaria estaba estropeada. Por eso, los representantes socialistas temen que la ciudadanía pierda servicios muy demandados por los pequeños municipios y las juntas vecinales, y que desaparezca el servicio de Protección Civil, puesto que «la expulsión de este bombero- trabajador de la mancomunidad va a impedir la extinción de los numerosos fuegos que padece la comarca».

Llamas advierte que la Diputación entregará el camión contra-incendios a San Andrés , lo que dejará sin ese servicio gratuito a los vecinos, que pasarán a pagar 500 euros por incidencia, al tener que desplazarse los bomberos de León capital.

A juicio del PSOE en el Órbigo, lo peor no serán los recortes, «sino que nacen fruto del enfrentamiento directo entre miembros del PP y las repercusiones para los vecinos».