Todos miran al palacio de los Guzmanes
Los alcaldes entienden la postura del Ayuntamiento de León pero reclaman crear parques comarcales.
La propuesta lanzada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, para que los ayuntamientos del área rural asuman los cerca de 1,5 millones de euros de coste que supone su asistencia por parte de los bomberos de León, no ha dejado indiferente a los principales alcaldes de la provincia.
Con independencia de su color político, la mayor parte de los regidores consideran que la solución para que en todos los puntos de la provincia quede garantizado un servicio de bomberos de calidad pasa por la Diputación de León. Por este motivo, retoman la histórica reivindicación de crear parques comarcales en las principales cabeceras de la provincia que garanticen la asistencia a todos los municipios. La mayor parte de ellos entiende que dada la crítica situación económica que atraviesa el consistorio leonés es comprensible la postura de su equipo de gobierno de querer cobrar por un servicio que en definitiva se presta en toda la provincia. La discrepancia está en quién tiene que pagar los platos rotos. Aquí hay dos posturas claramente diferenciadas. Mientras que los municipios gobernados por el Partido Popular, como Benavides, Riello, Soto y Amío, La Robla o Mansilla de las Mulas, no si niegan a financiar este servicio, y prefieren esperar a conocer una propuesta firme para saber de qué cantidad se está hablando, los ayuntamientos socialistas como el de Hospital de Órbigo, Boñar Gradefes, Truchas o Cistierna consideran que sus arcas municipales no pueden soportar más cargas cuando se trata de un servicio de emergencias cuya competencia debe ser provincial, e incluso autonómica. Además entienden que pagar por un servicio que en la mayor parte de los casos, sobre todo en los pueblos más alejados de la capital, llega tarde, cuando el incendio está avanzado, o ni siquiera llega porque tiene que atender otras prioridades en la ciudad, no sería ni justo, ni operativo ni razonable.
En lo que todos coinciden es que la solución debe partir de la Diputación. O bien a modo de intermendiario para negociar con el Ayuntamiento una colaboración económica en función de las actuaciones concretas, o bien para asumir de una vez por todas un servicio fundamental para los pueblos, que pasaría por la ansiada creación de los parques comarcales con los que por fin apagar la polémica.
