Industria insta a los mineros a buscar otro empleo al zanjar las prejubilaciones
El Gobierno busca cumplir con las ya autorizadas e impulsar alternativas al carbón.
Las «disponibilidades prespuestarias» no dan para más y el Gobierno no tiene intención de seguir adelante con las prejubilaciones en el sector del carbón. Así lo expresó el Ministerio de Industria en la respuesta a una pregunta parlamentaria escrita realizada por el diputado socialista por Asturias Antonio Trevín quien interpeló al Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la supresión de las prejubilaciones en el sector. Además de la cuestión presupuestaria «fruto de la situación socio económica», el departamento dirigido por José Manuel Soria apela también al «interés prioritario del Gobierno» en esta materia y que resume en dos «ejes fundamentales»: el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el desarrollo de alternativas laborales para los trabajadores del sector.
El Ejecutivo aclara que el pago de las prejubilaciones ya autorizadas supone la principal partida del presupuesto del Instituto del Carbón y achaca al «objetivo de déficit y a la situación económica» los motivos para «buscar el impulso a la actividad económica frente al incremento de costes del Estado». Es decir, continúa la respuesta, «frente a políticas que favorezcan las prejubilaciones tempranas», que el ministerio sitúa en el caso del carbón en los 42 años, el Gobierno apuesta por «el apoyo a las iniciativas de creación de empleo alternativo», una cuestión con la que pretende posibilitar «la permanencia en el mercado laboral activo de los trabajadores provenientes del sector».
En la respuesta parlamentaria, firmada el pasado 17 de enero, no se pone en duda el cobro de las prejubilaciones ya comprometidas para el sector privado. Lo que sí está en juego es el pago de las prejubilaciones en el caso de la minería pública. Hunosa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ya anunciaron este mes su intención de dejar de hacer nuevas aportaciones a fondos o planes de pensiones, que en el caso de los prejubilados del plan del carbón 1998-2005 son los que gestionan sus retiros anticipados. En total, la medida podría afectar a casi 8.000 personas, según recoge lne.es, que añade que Para las aproximadamente 3.000 personas prejubiladas con el último plan —2006-2012—, la decisión de Hunosa únicamente supone que se les congelará el sueldo, aunque la situación se complica para los acogidos al anterior plan, que podrían perder cantidades que oscilan entre los 50 y los 600 euros de sus actuales ingresos.
El Gobierno ya anunció que dentro de los planes que baraja para la elaboración del nuevo plan del carbón 2013-2018, su intención es limitar el presupuesto para las ayudas a la producción de las empresas y destinarlo al pago de las prejubilaciones y la reactivación de las comarcas mineras a través de nuevas alternativas de empleo.