El ministro Soria empieza a explicarse

Cuando mañana, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, empiece a desayunar en Burgos, en un acto organizado por RTVCyL, tendrá ante sí a representantes de una sociedad, la de Castilla y León, enfadada con sus políticas y con su manera de diseñarlas y contarlas, pero sobre todo expectante ante las posibles soluciones que apunte para problemas que, aunque no son fáciles de resolver, tocan como pocos la fibra sensible de la Comunidad. Soria rompe mañana un larguísimo silencio que ha sido entendido en este territorio como un monumental desprecio a los ciudadanos y a sus instituciones.

Es cierto que políticas estructurales como la del automóvil o el apoyo al vehículo eléctrico se han desarrollado con plena satisfacción de todas las partes, pero, la gestión de la mayoría de las cuestiones 'sensibles' puede resumirse en unas pesadas digestiones que han servido para marear papeles y llenar los periódicos de declaraciones, pero de las que hay pocos resultados tangibles. El ministro tiene fama de ser un técnico implacable que, pese a haber sido presidente del PP canario, mantiene muy pocos vínculos con la familia 'popular', al menos, con los militantes de base. Pese a que en su propia tierra tiene fama de 'listo', políticamente hablando y de saberse mover de acuerdo a sus intereses, no se puede decir que forme parte del cupo de ministros políticos en el Gabinete de Rajoy y en círculos del PP se le ve como un 'rara avis'. Lucía Méndez, una de las periodistas que mejor conoce esta formación, dice de él en su libro 'Morder la bala' que es »uno de los ministros más encantados de haber llegado a serlo». Bien sea por ese perfil de inconmobible que alimenta, bien porque la crisis desbarata cualquier posibilidad de medias tintas, lo cierto es que la interlocución con él por parte de los miembros de la Junta ha sido difícil y eso que en los comienzos de su gestión todo fueron buenas palabras durante la primera reunión con representantes del Gobierno autonómico apenas un mes después de hacerse con la cartera. Es cierto que la altivez de su primer secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, que llegó a estar semanas sin coger el teléfono a algún representante institucional de la Comunidad, no ayudó a una relación de confianza, pero han pasado ya muchos meses desde el nombramiento de su sustituto, Alberto Nadal, y la resolución de los principales problemas no avanza.

En toda esta peripecia, el Gobierno regional ha tenido que morderse la lengua en demasiadas ocasiones. Tantas, que a veces no ha sido posible hasta el punto que en el currículum político de un consejero tan identificado con el PP como Tomás Villanueva haya tenido que incluir en los últimos meses críticas ácidas a un compañero de partido. Bochornoso, escandaloso, injustificado... son algunos dardos lanzados por el político vallisoletano. Entre las descalificaciones aceradas de hace tres meses y las posiciones más atenuadas de los últimos días, media un cambio también en las formas del Ministerio que ahora anuncia reuniones diversas para solventar los principales problemas, con el plan del carbón y el futuro de Garoña, como las prioridades en la agenda, toda vez que da la impresión que la Junta ha tirado la toalla en sus demandas máximas respecto a las energías renovables. La intervención del consejero de Economía en el Pleno el pasado miércoles en el que vino a justificar que la mala planificación energética de Zapatero llevó a una 'burbuja renovable' que no se justifica por la demanda apuntan a que alguien se está poniendo ya la venda antes de la herida.

De aquellas buenas intenciones el 31 de enero de 2012, cuando recibió a Tomás Villanueva y Alicia García, poco queda. Año y medio después, la minería agoniza, el futuro de Garoña sigue empañado, las renovables exigen una regulación estable que apuntale sus inversiones y varios paradores se ven obligados a cerrar durante parte del año. Son los frentes que tiene abiertos con la Comunidad y que se repiten en otras. En su propia tierra, en Canarias, son sonados también los desencuentros por cuestiones como las tasas aéreas, la política turística o las energías renovables.

Dentro del marco energético, la negociación -guerra abierta, a decir de algunos- con las eléctricas tiene su máximo reflejo en Garoña, por cuya continuidad apostó siempre el PP y la Junta, que hicieron de la crítica a la »decisión política» de cerrarla uno de sus argumentos. Nuclenor dio los pasos necesarios para mantener su actividad con la victoria del PP, que se truncaron cuando el nuevo Gobierno decidió implantar una serie de tributos ambientales que, siempre según la empresa, hacían inviable su continuidad. Así las cosas, la planta cesó su actividad a finales del año pasado, aunque el cierre administrativo definitivo estaba previsto para el próximo 16 de julio. En esa situación, el pasado 17 de mayo, la compañía «sorprendió» al solicitar al ministerio la derogación de la orden para mantener abierta la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización vigente durante un año, periodo en el que seguiría abierta sin actividad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno el viernes a la petición de Nuclenor, que ahora debe ratificar Industria, aunque Soria ya señaló que asumiría la valoración técnica del Consejo, que otorgará un año de gracia a la empresa para decidir qué hace con la mediática planta. Algunos han querido ver en este «juego» una negociación global y oculta de las eléctricas con el Ejecutivo para alargar la vida del conjunto de las nucleares hasta los 60 años.

En relación al sector minero, el bloqueo de las ayudas de 2012 a Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (Uminsa), pertenecientes al Grupo Alonso, ha puesto en jaque la continuidad de sus explotaciones. La Junta presentó un informe del interventor general del Estado en el que se aseguraba que estas empresas «estaban en disposición de que se autorizara la concesión de la ayuda»; y Soria reiteró en el Congreso que Grupo Alonso todavía no ha cumplido sus «obligaciones» pendientes con la Seguridad Social y Hacienda, motivo por el que su departamento mantiene paralizadas las ayudas, que superan los cien millones de euros.

Más allá del aspecto coyuntural de las ayudas a estas empresas, lo cierto es que el Gobierno dejará de incentivar la compra de carbón autóctono por parte de las eléctricas en 2014. El 24 de enero de este año, desde el Ministerio se pidió ya a las empresas mineras que comunicasen cuáles serán viables a partir de ese año, y de 2018, fecha que el actual reglamento europeo fija para el fin de las ayudas a la producción. Ese día Tomás Villanueva mantuvo una reunión con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que se llevó otra vez buenas palabras, es decir, el compromiso de que el Gobierno seguirá apoyando la producción nacional de la minería del carbón, dentro del futuro mix energético. Todos los actores están emplazados para el 10 de junio para analizar el presente y el futuro del sector, aunque en la Comunidad la desconfianza es evidente: el mismo Soria se comprometió hace meses a crear una comisión para definir lo mismo, que debía haber concluido sus trabajos en el mes de abril, y que aún ni se ha constituido, ni se ha reunido. En ese compromiso están puestas muchas de las esperanzas del sector.

Y, por último, estarán también pendientes de Burgos, los inversores de energías renovables. Castilla y León, vanguardia en España en este sector, también ha demandado sin cesar un marco estable para estas energías, tras los últimos cambios legislativos, recortes a sus primas y trabas a sus inversiones, que han dejado en el aire numerosos proyectos ante la inseguridad jurídica que sufren el sector. El presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), Javier Gracia Bernal, denunció esta semana los «gravísimos perjuicios» que está ocasionando el «sistemático baile legislativo» del Ministerio de Industria, que no deja de ser paradójico porque uno de los motivos de descalificación de los 'populares' en la oposición era, precisamente, la inseguridad jurídica que creaba la afición normativa del Ejecutivo socialista.

En definitiva, se trata de una agenda compleja para un ministro que, por primera vez en Castilla y León, se lanza al ruedo a hacer política. Habrá que ver si parapetado con el escudo de las gráficas y las fiebres económicas, que tanto le gustan, o con la sensibilidad que merece el futuro de comarcas enteras de la Comunidad.