Los tractores de los 80 no pasan la ITV por no tener homologadas sus cabinas
El certificado de seguridad para superar la inspección no baja de los 100 euros.
Fotografía de archivo de dos tractores preparando la tierra en la vega del Órbigo.
Resulta irónico. Cuando Zapato Veloz proclamaba a los cuatro vientos, allá por 1993, que el tractor era la «forma más barata de tener descapotable» ya para entonces el vehículo agrícola por excelencia montaba cabinas que lo cerraban y cuya polémica surge ahora en León, cuando en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se están echando atrás un buen número de tractores por la falta de homologación de éstas.
Aunque ayer no se disponía de datos sobre los vehículos que deben subsanar la falta de homologación, el problema —que ya se ha dado en otros puntos de España al menos hace ya dos años— tiene la suficiente entidad para que hoy se celebre una reunión entre el delegado territorial de la Junta, Guillermo García y los sindicatos agrarios.
Segovia, Ávila, Salamanca y León son las provincias en las que los agricultores han puesto el grito en el cielo, al ver cómo las máquinas, que hasta el momento superaban sin mayor problema la ITV, ahora se quedan con la tarjeta de inspecciones sin sello por falta de homologación. Según explicó el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, las últimas normas para inspección de maquinaria agrícola habían causado algún problema aislado, que se ha generalizado «en los últimos dos meses» y es consecuencia de que los fabricantes «no homologaron las cabinas, por lo que la solución consiste en desmontarla para pasar la ITV o recurrir a un ingeniero para que emita un informe» sobre la idoneidad de la estructura.
Turrado sostiene que no se trata «de un problema de salud laboral». Afirma que estos tractores «reúnen los requisitos de seguridad, porque montan un nuevo arco antivuelco» y destaca que si el vehículo no reuniera los requisitos legales «sería necesario modificarlo» para que superase la inspección. «Si todo se arregla con dinero bastaría con que de oficio se solventara el problema», añade el sindicalista, al que no convence que ahora las casas puedan emitir una certificación sobre vehículos construidos «hace 30 años, cuando algunos fabricantes incluso ya han desaparecido».
Para un segundo uso
Los tractores de la polémica se construyeron entre los años 1980 y 1990, con potencias inferiores a los 100 caballos y han quedado relegados a un segundo uso en las explotaciones o se encuentran en manos de jubilados, explica Turrado, que defiende que los tractores se encuentran en «perfecto estado». El directivo de Asaja desvincula el problema de «situaciones por las que nadie da la cara» —montar una cabina de un fabricante en un tractor de otro, por ejemplo— y señala que «se han llegado a cobrar 1.000 euros por informes de ingenieros» para pasar la ITV, cuantía «que ha bajado debido a la crisis». En función de las casas, el certificado para la cabina certificados se consigue a partir de 100 euros (precio sin IVA) y en el sector hay quien cuantifica la homologación en «no menos de 200 euros».
La organizaciones agrarias quieren que la Administración aclare cuáles son los técnicos cualificados para firmar proyectos de cambios en tractores, «porque en algunos lugares están admitiendo que sean ingenieros técnicos agrícolas y no industriales, con el consiguiente conflicto que se puede crear entre colegios profesionales».
Entre los problemas del sector de la maquinaria agrícola, un informe del Comité Económico y Social del 2011 reseña el envejecimiento de los trabajadores del sector —«sólo el 7% de los agricultores europeos es menor de 35 año»— y un parque de maquinaria «obsoleto», en el que la vida media de un tractor «es superior a los 15 años».