La Vasco presenta a la CNMV el ERE de seis meses
La dirección de la Sociedad Anónima Hullera-Vasco Leonesa (HVL) comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la representación legal de los trabajadores que hará efectiva la suspensión de los contratos de trabajo por causas productivas para toda la plantilla y por un plazo de seis meses, a partir del 11 de mayo, según recogía ayer la Agencia Efe. La suspensión afecta a 335 trabajadores, de forma rotativa, fundamentalmente para realizar los trabajos necesarios de mantenimiento y conservación de las instalaciones.
En la memoria justificativa del procedimiento de suspensión se ponen de manifiesto las causas que lo han provocado, entre las que destacan la falta de desarrollo e implementación del procedimiento previsto en el ‘Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018’, que permita mantener un hueco suficiente para el carbón dado su carácter de único combustible autóctono.
Como consecuencia de lo anterior, la empresa advierte de la ausencia de compromisos de compra de carbón por parte de las compañías eléctricas con destino a sus centrales en cantidades suficientes para obtener ingresos que permitan atender el desarrollo de la actividad empresarial.
También apunta a las dificultades de tesorería por las que atraviesa la sociedad derivadas de lo anterior y de la falta de cobro de las ayudas de 2014 y del retraso en la tramitación de las de este año.
Cobros pendientes
En este mismo sentido cabe apuntar que la minera considera que aún no ha percibido todas las cantidades que le adeuda el Instituto del Carbón. La Administración del Estado abonó en marzo 6.979.123,61 euros, correspondientes a parte de la ejecución de una sentencia que daba la razón a la mercantil, después de que se le exigiera la devolución de las ayudas del ejercicio de 2006 y la empresa recurriera a la jurisdicción contencioso-administrativa, que falló a su favor el año pasado. Sin embargo, los cálculos de la compañía leonesa apuntaban que la ejecución de la sentencia suponía el abono de 11 millones de euros, cuatro más que los pagados hace ahora dos meses.
Las ayudas pendientes del año pasado y la devolución de las de 2007 más los intereses de demora llevaban a la sociedad a estimar en al menos otros 10 millones de euros las cantidades que adeudaba el Estado.