El TSJ anula el Plan del Lobo por carecer de una base científica

maría carnero | león

La gestión del lobo en Castilla y León vuelve a estar legalmente cuestionada. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de anular íntegramente el plan aprobado por decreto (14/20016) por la Junta para controlar esta especie tras el contencioso administrativo iniciado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).

Según la sentencia, fechada el 5 febrero, la Junta de Castilla y León «desprecia en todo el decreto tanto el fondo como la forma de la normativa ambiental, lo que supone una continua desatención de la conservación de la biodiversidad». En concreto el fallo pone de manifiesto que «no consta una motivación técnica suficiente y previa que justifique el contenido del decreto». El TSJ se refiere a la falta de informes técnicos o científicos independientes que avalen el sistema de cupos establecido por la Junta para realizar los controles poblacionales del lobo en todo el territorio. El fallo constata que tampoco existen estudios previos «serios y rigurosos» de la incidencia del plan en el medio natural, ni se especifica por parte de la Junta de Castilla y León en qué han consistido los seguimientos de las manadas aludidos en el decreto, por lo que se supone que «no se ha realizado una previa comprobación de las poblaciones, ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de la incidencia de los controles en la especie», reza la sentencia. Tampoco consta en el expediente administrativo la existencia de un diagnóstico de la población o censo de la especie pese a las múltiples referencias que a ellos se realizan en la disposición impugnada.

Esta argumentación es la misma que el TSJ ya defendió en noviembre de 2017 para frenar el decreto aprobado por la Junta para regular la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, esta vez a instancias de Ecologistas en Acción. Ya entonces, los jueces entendieron que todas las especies consideradas cinegéticas deben contar con informes científicos que justifiquen la presión que la caza ejerce sobre sus poblaciones para garantizar su conservación.

«La Junta no aprende de sus errores, es una vergüenza la falta de rigor con la que sacan sus normas ambientales», denuncia Juan Ángel de la Torre, portavoz de Ascel, que recuerda además que el Plan del Lobo de la Junta ya fue suspendido temporalmente por el TSJ en 2012, al amparo de la sentencia de este mismo tribunal del 2009, contra el sistema de cupos de la Junta, que en contra de lo establecido por la Unión Europea convertía al lobo «en una especie cazable en todo el territorio de la comunidad», sin tener en cuenta que al sur del Duero lo prohíbe la propia normativa europea.

«Lo que no puede hacer la Junta es sacar un decreto para diez años que contempla eliminar por cupos de 140 lobos al año en toda Castilla y León sin preocuparse de cómo está la población, cuando a nosotros nos consta que se está resintiendo gravemente», añadió De la Torre.

El responsable de Ascel insiste en que «no se ha reunido el comité técnico antes de la aprobación del plan —por mucho que la Junta diga que sí—», y además denuncia que el decreto carece de un informe económico para atender a la norma. Además, confía en que la Unión Europea se pronuncie sobre este nuevo «atropello», ya que «Castilla y León está siendo mirada con lupa por Europa, quien ya frenó los pies al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, cuando quiso que el lobo fuera declara especie cinegética en toda la comunidad, y no solo al Sur del Duero».

El portavoz de Ascel exigió que tanto políticos como técnicos asuman sus responsabilidades por hacer las cosas «tan rematadamente mal» y reclamó el fin de los controles poblacionales de la especie ya que «como ya se ha demostrado son contraproducentes para reducir los daños al ganado ya que desestructuran las manadas, y las hacen más agresivas».