La Junta rechaza el preacuerdo del carbón y lamenta que no respalde a las térmicas

La Junta de Castilla y León mostró ayer su contrariedad por el preacuerdo alcanzado en la noche del martes entre el Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos mineros, que contempla medidas sociales para los trabajadores que abandonen la actividad en las minas y compromete inversiones para las cuencas, pero no recoge fórmulas de continuidad de la actividad de las empresas privadas del carbón ni mecanismos de compra del mineral por las térmicas. Lo que se interpreta de hecho desde el Gobierno regional como la sentencia de cierre de la mayor parte de la minería a finales de este año, y de las centrales térmicas en un año.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, señaló que el acta sobre los puntos básicos del preacuerdo (que todavía no se ha comunicado al Gobierno autonómico) «va a suponer el fin del carbón» en la Comunidad. Por lo que exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez alternativas industriales para «evitar que cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de Castilla y León se queden sin actividad gracias a este acuerdo». Y puso como ejemplo el Plan de Dinamización de Municipios Mineros, que desarrolla la Junta.

Del Olmo exigió ayer en Valladolid «que traigan a la zona empresas industriales con 2.000 trabajadores, para que la gente pueda vivir donde quiera». Ya que, hasta ahora, según señaló, «lo único que han hecho es poner palos en las ruedas a la minería del carbón». Si el plan aprobado por el departamento de Teresa Ribera y los sindicatos se lleva adelante, «tendremos menos actividad, menos empleo y más despoblación».

Se mantiene Hunosa

La consejera mostró además su enfado porque el preacuerdo deja fuera de este cierre programado a la empresa pública Hunosa, ubicada en Asturias, que según el documento y la propuesta original del Gobierno «por sus especiales características y su particular relevancia en el conjunto del sector y en la cuenca central asturiana estará sujeta a su propio plan de empresa, con características propias en materia de plan social y compromisos específicos en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras» asturianas. «Parece ser que el carbón que se financia con fondos públicos contamina menos que el que se financia por parte de las empresas privadas», lamentó Del Olmo. Que insistió en que la valoración del preacuerdo «es negativa, porque no contempla en absoluto nada en relación con las térmicas, ni obliga a que estas compren carbón autóctono».

Por su parte el consejero de Empleo, Carlos Fernández-Carriedo, advirtió ayer de que el Gobierno central está «a tiempo de evitar» el cierre de las minas de carbón y de las centrales térmicas. Y recordó también que otros países están desarrollando mecanismos para que puedan mantenerse al menos hasta 2030, como se propone para algunos de los grupos españoles. En concreto en la provincia de León, los grupos 4 y 5 de Compostilla y el 2 de La Robla, tras el cierre de Anllares.

Fernández-Carriedo se lamentó de que se hable de los trabajadores que quedan excluidos de las indemnizaciones por despido, porque «lo que se negocia son las condiciones en las que quedan los trabajadores que envía al paro una decisión del Gobierno». Una decisión que calificó de «muy inadecuada». Señaló que «estamos a tiempo de evitar la pérdida de empleos y que una zona tan importante de Castilla y León sufra por «una decisión unilateral» del Gobierno.