Protestas oficiales, reconversión imparable

La Junta de Castilla y León y el Gobierno de la nación han puesto el grito en el cielo por la reforma propuesta en la Política Agraria Común, que perjudicará de forma notable al campo de España. Por supuesto, ningún político español se puede permitir el lujo de no protestar y poner el grito en el cielo ante la reforma, porque va a suponer el varapalo más importante para la economía del mundo rural español en casi toda la historia. Sin embargo, mirando más allá, resulta que este cambio de política no se contradice, ni mucho menos, con la que se está aplicando ya de facto en los pueblos. Para colmo, por mucho que protesten, los políticos españoles saben que no pueden hacer nada si hay voluntad de aprobar la reforma en Bruselas. ¿Entonces? Pues hay que considerar que como a los políticos españoles no les guste nada que el despoblamiento rural se precipite con esta medida, sus protestas serán públicas y notorias para no perder renta electoral en el campo; por tradición reserva de votos de aquellos que gobiernan, excluyendo al Sur. Pero hay que darse cuenta que, en el fondo, esta reconversión les viene bien. Así se conseguirá que haya menos pueblos pequeños, pagar menos ayudas al desarrollo, simplificar la Administración territorial al desaparecer municipios, olvidarse de proyectos de regadíos porque no habrá agricultores y evitar todos los gastos «superfluos» que para los gestores públicos supone la vida rural con tantos pueblecitos alejados de los centros urbanos donde deben concentrarse todos los servicios para ahorrar. «No hay mal que por bien no venga», dicen.