La Junta rechaza tratar en las Cortes la política de distribución de sedes

La Junta de Castilla y León no admitió a trámite la interpelación propuesta por el grupo leonesista en las Cortes sin justificar los motivos. La intención de los procuradores de UPL era la de poner de manifiesto la «discriminación» que, a su juicio, sufre la provincia en cuanto a la distribución de organismos autonómicos. La provincia de León cuenta tan sólo con nueve centros autonómicos, tras la inauguración del Ente Regional de la Energía. El Instituto Nacional de Educación Física (INEF), el Laboratorio Regional de Combustibles, la Mina-escuela del Bierzo, el Laboratorio Pecuario, el Museo Regional de Arte Contemporáneo (actualmente en construcción), el Laboratorio Regional de Meteorología, el Centro de Selección Animal y la sede del Procurador del Común completan las instituciones autonómicas ubicadas en León. Valladolid, menos poblada y menos extensa que la provincia de León, alberga la sede de la Junta de Castilla y León y sus correspondientes consejerías. Además, en la provincia vallisoletana se ubican las Cortes (en Fuensaldaña mientras finalizan las obras del nuevo edificio en la capital), las salas de lo social y de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Delegación del Gobierno central, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Biblioteca de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero, la Estación Enológica, el Centro Regional de Control de Calidad, la Fundación de Patrimonio, el Centro Regional de Medicina Deportiva, la Institución Ferial, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el Centro de Información y Documentación Juvenil, el Centro de Investigaciones Agrarias y el Instituto de la Administración Pública. Para Burgos queda el Tribunal Superior de Justicia, el Laboratorio Agrario Regional, el Laboratorio Regional de Medio Ambiente o el centro de control de patata de la siembra. En Salamanca destaca la Filmoteca autonómica y el Palacio de Congresos. Zamora y Ávila tan sólo cuentan con una sede regional cada una. La situación leonesa en el reparto de sedes (con ocho) centra las críticas de la UPL, ya que ponen de manifiesto que algunos de los ocho centros son «simples oficinas donde sólo trabajan cuatro o cinco personas», según su secretario general, Joaquín Otero. El sentimiento de discriminación no es exclusivo de la formación leonesista. Desde el PSOE autonómico, por ejemplo, se ha pedido en repetidas ocasiones a la Junta de Castilla y León que clarifique su política de distribución de las sedes autonómicas. Así, el grupo leonesista en las Cortes aprovechará la comparecencia del Procurador del Común el próximo martes para pedir su amparo ante la negativa de la Junta de explicar los criterios que lleva a cabo para la ubicación de sus sedes. «Si los caciques de la mesa de las Cortes no nos escucha, nos escuchará el Procurador», apuntó el secretario general de la UPL.