El juez dicta el sobreseimiento de la denuncia por coacciones al alcalde

El instructor, Alfonso Rodríguez Ballestero, considera que «después de las diligencias practicadas, encaminadas al esclarecimiento de los hechos, este instructor debe entender que no existen indicios de haberse perpetrado ninguna de las infracciones alegadas por el denunciante», es decir, amenazas y coacciones. Como se recordará, el 29 de mayo, los concejales del PP José Manuel Rodríguez, Mario del Río y Elvira Santos y sus compañeros de la UPL Valentín Echevarría, Moisés Martínez y Santiago Gaspar, entraron en el despacho del alcalde, exigiendo que remitiese a la Junta Electoral Central la renuncia al cargo de concejal de Juan Carlos Román, para que le sustituyera, en el grupo municipal leonesista, Daniela Fernández. Tres agentes de la Policía Local desalojaron a los ediles, por orden del alcalde Doctrina del Supremo A raíz de la denuncia, presentada tres meses más tarde, el juez llamó a declarar a principios de este mes al alcalde, a los seis concejales denunciados, al secretario de la corporación, a los agentes que efectuaron el desalojo y a la secretaria del regidor. El magistrado fundamenta su decisión en las declaraciones de los citados y en la doctrina del Tribunal Supremo, que entiende el delito de coacciones como «la imposición de la voluntad del agente sobre la del sujeto pasivo del delito, obligando a este a hacer algo ilícito o lo que no quiere, mediante la aplicación (...) de violencia, cristalizada en actos de fuerza física o de presión moral e intimidación».