Diario de León

LEÓN DESDE LA CORTE/David Fernández

Bajo la tiranía del déficit cero

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Los casi 79 millones de euros que se invertirán en el 2003 en la autovía León-Benavente salvan los presupuestos (178 millones) que el Gobierno ha elaborado para la provincia. Aparte de esa inversión, que representa más del 40% del total (más de la mitad si sólo se consideran las inversiones en proyectos), las cuentas públicas del Estado no presentan nada nuevo: ni una sola partida para nada que no estuviera en los presupuestos de los años anteriores. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben realizar cada año el diagnóstico del país y, en las inversiones autonómicas y provinciales, el análisis de cada una de las zonas del país. En el caso de León, la conclusión del Gobierno ha sido clara: no se necesita nada que no se necesitara hace años. Ejemplos hay varios. Y quizá el convenio con el Ayuntamiento de León para el acceso a Carbajal desde la Ronda Este sea paradigmático de la ejecución de muchas de las partidas presupuestarias. Fomento, en los propios PGE, sitúa el comienzo de las obras en el año 1998 y el coste total en 2.404.050 euros. En el año 2002, el Ejecutivo prometió una inversión de 2.103.540. Y este año, cuando está previsto terminar las obras, la partida es de, exactamente, 2.404.050. Es decir, aún no se ha invertido ni un solo céntimo. El déficit cero impone su tiranía. Tras la León-Benavente, esa es la partida más importante de Fomento para la provincia. El diagnóstico del Gobierno, por ejemplo, no ha tenido en cuenta la importancia que para el desarrollo tienen las nuevas tecnologías, la partida más exigua de las cuentas del próximo año. Ciencia y Tecnología, el ministerio en el que Aznar puso más esperanzas tras su reelección, destinará a León 50.600 euros. El PSOE ya lo ha calificado como «calderilla» y ha advertido de que las inversiones en el desarrollo de las nuevas tecnologías serán uno de los aspectos en los que más hincapié harán sus enmiendas a los presupuestos. En realidad, las cuentas del 2003 no son más que una prórroga de las de este año, donde ya faltaban algunos proyectos necesarios, entre ellos la autovía León-Valladolid. Y donde se minimizan las inversiones en las grandes infraestructuras, sobre todo ferroviarias. Las líneas de alta velocidad que afectan a la provincia tienen un coste total estimado de 841 millones de euros; este año se invertirán 800.000 euros. Con esas cifras es complicado ilusionar a una provincia en la que cualquier obra es acogida con entusiasmo. Y esa es, fundamentalmente, la misión de los PGE: planificar las infraestructuras que necesita cada provincia y dotarla de los recursos suficientes para ejecutarla. Dicho de otro modo, poner las piedras; de las personas tiene que ocuparse el Gobierno autonómico, que cuenta con todas las competencias en materia social. Por eso cada vez son más importantes los presupuestos que se elaboran en Castilla y León y por eso es cada vez más necesario mirar a la Junta a la hora de exigir compromisos para el desarrollo de la provincia. Es una de las consecuencias más importantes de una descentralización que, sobre el papel, es la mejor forma de gestionar los recursos. Ahora son las autonomías las que deben diagnosticar y resolver los problemas, sobre todo sociales, que tienen sus ciudadanos. Esa cercanía limitará las injusticias que sufren provincias como León, que llevan años y años escuchando las mismas promesas. Los presupuestos representan el momento en el que un gobierno diseña sus políticas reales, donde se sustancian las promesas y donde se ilusiona o deprime a la ciudadanía. Y León, con los PGE, tiene más argumentos para deprimirse que para ilusionarse. Por eso no es casualidad que en la última semana dos ministros (los de Defensa y Fomento) y el secretario de Estado para el Deporte hayan visitado León en plena precampaña electoral para comprometerse a impulsar tres reivindicaciones ya clásicas: un estudio de viabilidad para ver qué posibilidades tiene León de acoger la escuela de pilotos (cuya construcción ya había sido anunciada dos veces), la integración del ferrocarril en la capital (que será en gran medida sufragada por los ciudadanos que compren pisos en la zona) y un centro de alto rendimiento (CAR) deportivo. Tres compromisos sin partidas, de momento, en los PGE, lo que no significa que no puedan ejecutarse. Pero la prioridad sigue siendo el déficit cero, del que España es el gran defensor en Europa. Un economista reflexionaba esta semana sobre lo difícil que es entender cómo el país que más fondos de cohesión recibe de Europa se atreve a dar lecciones sobre gestión a quien financia la mayoría de sus inversiones (Alemania o Francia). León es un buen ejemplo de cómo el déficit cero del Gobierno, que lo entiende como un fin en sí mismo y no como un instrumento, se traduce en déficit de bienestar y desarrollo.

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