La huelga invisible derrota a Aznar

La huelga invisible del 20-J ha derrotado al Gobierno del PP. Poco más de tres meses se ha mantenido en vigor la reforma del seguro de desempleo impuesta desde La Moncloa frente a las protestas y la oposición de las fuerzas sindicales y de los partidos de izquierdas. El Ejecutivo ha perdido el partido, a pesar de las advertencias del presidente del Gobierno, al que sólo le valía una victoria como resultado final. Después de negar la huelga general y de reducir sus consecuencias a una especie de parte de guerra con varios policías heridos, Aznar no ha tenido más remedio que reconocer el fracaso de su reforma y devolver a los trabajadores los derechos que disfrutaban antes de la promulgación del efímero decretazo. Así, tras las negociaciones del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, con los líderes sindicales, Cándido Méndez y José María Fidalgo, quedan restituidos el salario de tramitación y la correspondiente tutela judicial; los trabajadores fijos discontinuos recuperan su derecho a recibir el paro durante los meses de inactividad; y sólo contarán como rentas incompatibles con el subsidio las indemnizaciones abonadas por la empresa que excedan los mínimos legales por despido. El Gobierno ni siquiera se ha atrevido a mantener sus tesis sobre las ofertas de empleo adecuadas e irrechazables. Ahora, el parado dispondrá de cien días para buscar empleo por sí mismo; después, el Inem aplicará los criterios impuestos en el decretazo, pero tendrá en cuenta el carácter del último empleo del trabajador y si el lugar al que deberá trasladarse dispone de transporte público. Sólo la reforma del subsidio agrario, el PER, se mantiene tal y como figuraba en el decretazo inicial. Y no se descarta que pueda modificarse. Al final, Aznar ha tenido que dar la razón al destituido Juan Carlos Aparicio, que nunca creyó en una reforma diseñada en el ministerio de Economía en contra de la postura de Trabajo. Paradojas de la política, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha sido el único miembro del Ejecutivo que ha reconocido que los cambios pactados son una rectificación en toda regla. En el entorno del presidente se asegura que Aznar está preocupado por la imagen que ha ofrecido durante los últimos meses, cada vez más intransigente y alejada del diálogo y el pacto gracias al propio decretazo, a la sucesión en el PP y a la gestión de la última crisis política en Euskadi y del apoyo de España a un ataque contra Irak sin el consentimiento de la ONU y sin consultar al Parlamento. Las últimas encuestas sitúan al PSOE de Zapatero a escasos puntos del PP y muestran cambios de fondo en las tendencias del electorado a menos de ocho meses para los comicios municipales y autonómicos. Y el PP quiere recuperar la iniciativa política. Dentro de esa precampaña se explica la rectificación del decretazo y, por ejemplo, la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) para las empresas que facturen menos de un millón de euros al año, el 92% de ellas. Una medida electoralista y muy perjudicial para los ayuntamientos y, por lo tanto, para los ciudadanos. Desde enero, los consistorios sólo podrán gestionar lo que recauden con el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y otras tasas y tributos menores y perderán una importante fuente de ingresos. En el Ayuntamiento de León el IAE representa el 7% del presupuesto; en el total del Estado, según los cálculos de la oposición, 1.202 millones de euros. Y el Gobierno apenas ha explicado vagamente cómo compensará esa merma, que se traducirá en recortes en las inversiones municipales, especialmente en materia social, principal atribución de los ayuntamientos y, con la llegada de inmigrantes, una partida que exige incrementos sustanciales. El PSOE ya se ha mostrado en contra de la supresión del impuesto y ha advertido de que esta decisión hace imposible el pacto local. Una comunidad como Castilla y León, con escasos recursos y gran tamaño, debería diseñar y ejecutar un plan de descentralización interna que dote de más competencias y dinero a las diputaciones, comarcas (las que ya existen y tienen instituciones propias y las que puedan crearse) y ayuntamientos. Y que reduzca el creciente poder de las delegaciones territoriales de la Junta. Acercar la Administración al ciudadano es la única manera de frenar el autoritarismo y las medidas electoralistas y con doble fondo.