ANÁLISIS Alberto Domingo
Sobre los autos del Supremo
La difícil situación política que vive el Ayuntamiento de La Bañeza parecía haberse estancado, después de que el alcalde, Emilio de la Mata, suspendiera la toma de posesión Daniela Fernández como concejala de la UPL el pasado mes de agosto, a raíz de los recursos que planteó ante el Tribunal Supremo al respecto. Sin embargo, los acontecimientos de esta semana han vuelto a precipitar la situación, de manera que el gobierno de De la Mata parece tener sus días contados. Sin embargo, la complejidad y multitud de los hechos exigen una explicación -o, al menos, un intento-, ya que los lectores se pueden sentir abrumados por unas noticias salpicadas de términos jurídicos y es posible perder el hilo conductor, entre otras razones, por el distanciamiento temporal de los hechos. Emilio de la Mata llega a la Alcaldía a principios de marzo, con el propósito de que no se materialice el pacto de gobierno, que él mismo había firmado, entre su partido, el PP, y la UPL. De la Mata paraliza el acuerdo, pero necesita apoyos para mantenerse en el poder y tan solo consigue el de Juan Francisco Fernández, también popular, que entra en la corporación en junio, por la dimisión de Marinunci Roy, el mismo día (4 de junio) que tenía que haberlo hecho, por la UPL, Juan Carlos Román. Sin embargo, la renuncia de este al cargo da un respiro a De la Mata, que le sirve para mantener el gobierno hasta ahora. Román, que pretendía pasar desapercibido, se planta en el Ayuntamiento el 24 de mayo y expresa ante el alcalde y el secretario de la corporación su deseo de no ocupar el cargo y aquí comienza la batalla legal. Por una parte, el alcalde se agarra a que Román es concejal electo y debe renunciar ante el pleno, pues posee su credencial, mientras que el PP y la UPL le exigen que dé paso a la siguiente en la lista leonesista, Daniela Fernández, y recurren a la Junta Electoral Central (JEC), para, después, denunciar al alcalde por obstaculizar el acceso a un cargo público. El regidor responde a la denuncia del PP y la UPL recurriendo los actos de la JEC ante el Tribunal Supremo (TS), con el argumento reseñado y solicitando que suspenda la toma de posesión de Fernández como medida cautelar. Incluso va más allá, al eliminar del pleno extraordinario del 21 de agosto, solicitado por PP y UPL, la jura de Daniela Fernández, amparándose en que el TS debe pronunciarse sobre el caso. La situación se estanca hasta esta semana, en la que se notifican dos autos del TS. En el primero, el tribunal no concede al alcalde la medida cautelar solicitada, al entender que la toma de posesión de la leonesista no lesiona los derechos de Juan Carlos Román ni de los electores bañezanos, dictamen que le obliga a que Fernández entre en la corporación. Pese a esto, en el segundo auto, el TS deniega el archivo de la causa -solicitada por el PP y la UPL- ya que, en otro recurso, De la Mata considera que el pacto supone un fraude de ley, al desencadenar unas dimisiones que, según su versión, vulneran el derecho a permanecer de los representantes de los electores a permanecer en sus cargos y contradice el espíritu la Ley Electoral, que establece que ningún concejal puede firmar dos mociones de censura durante su mandato. De la Mata se irá pronto, pero el caso coleará hasta que se dicte una sentencia definitiva.