La Junta pedirá al Gobierno que derogue la orden del lobo para retomar su gestión
Las organizaciones agrarias se suman a la carta que Suárez-Quiñones remitirá a la ministra
El consejero Suárez-Quiñones conversa con los representantes de los sindicatos agrarios. NACHO GALLEGO
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció ayer, tras mantener un encuentro con las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), que Castilla y León pedirá al Gobierno derogar la orden ministerial para volver a gestionar el lobo al norte del Duero, «apelando a la sensatez».
En una rueda de prensa junto a Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, Aurelio González, en representación de UPA-Coag, y Jesús Manuel González Palacín (UCCL), el consejero informó de que van a remitir una carta a la ministra Ribera para pedir derogar la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) y recuperar la catalogación anterior a 2021, cuando este animal era gestionable por Castilla y León al norte del Duero.
El consejero habló también de la reciente decisión de la UE de cambiar el Estatuto Internacional Jurídico del Lobo para que su catalogación pase de protegida a cinegética, en una decisión del pasado 20 de diciembre de 2023.
«Hemos resuelto hoy remitir una carta a la ministra Teresa Ribera, y le vamos a pedir que se derogue de forma inmediata la orden ministerial de catalogación del lobo en el Lespre y que recuperemos la situación anterior a septiembre del año 2021», ha aseverado.
«No me cabe ninguna duda que el resto de las comunidades loberas y el resto de las comunidades no loberas nos tenderá la mano para que después de la decisión de la Unión Europea nos sentemos con el Gobierno a planificar cómo se vuelve al sistema anterior. Por tanto, la primera petición es dejar sin efecto la orden ministerial y eso no depende de nadie, nada más que de la voluntad política del Gobierno», agregó.
Por su parte, Donaciano Dujo (Asaja) subrayó que «lo primero que tiene que quedar claro es que trabajamos todos los días para producir alimentos para la sociedad, no para ver animales muertos por los ataques del lobo y las indemnizaciones vienen a compensar un daño que nunca es en su totalidad y nunca es el daño moral o de explotación que se origina en dichos ataques».
Aurelio González del Río, por la Coalición UPA-Coag Castilla y León, aseguró que «vamos a apoyar a la Consejería en su intención, pero no nos podemos quedar ahí porque a nosotros no nos va a servir el hecho de volver a la situación anterior».
«Tenemos que ir a más. La situación anterior suponía que al norte del Duero la especie era gestionable y se hacía una gestión cinegética, pero aquella gestión cinegética era totalmente insuficiente, y hay que decir bien alto que estamos en más peligro de extinción los ganaderos que los lobos», precisó.
Jesús Manuel González Palacín, de UCCL Castilla y León, dijo que el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, está en clarísima expansión desde hace años y, por lo tanto, «esta imposición por parte del Ministerio no tiene ningún sentido, ni científico ni de datos objetivos».
«Ha sido una imposición ideológica, que evidentemente cada uno puede tener una ideología pero el problema es cuando esto se pasa al Boletín Oficial del Estado y empieza a tener unas consecuencias gravísimas en el sector ganadero y lo estamos viendo», concluyó.