Asturias usó la figura del PIC para eludir el plan de cierre en Cerredo
Minas pudo recurrir al proyecto de investigación complementaria para poder sacar carbón
Una explosión el 31 de marzo del pasado año en la que perdieron la vida cinco leoneses.
El Servicio de Minas del Principado de Asturias pudo utilizar la figura del ‘proyecto de investigación complementaria’ (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas «como requisito ineludible para autorizar la explotación en minas sometidas a cierre», según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Cerredo.
El Gobierno asturiano encargó dicho informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año en la que perdieron la vida cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos cuando se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.
Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en dicha mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.
Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.
Sin regulación
El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. En el mismo se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.
También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones. Siempre según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Cerredo, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.