El Principado permite a la heredera de Uminsa explotar Pilotuerto de espaldas al ITJ

La administración minera del Principado facilitó la reactivación de Pilotuerto ignorando al Estado, obviando la obligación de devolver ayudas públicas y permitiendo que la mina operara sin un proyecto técnico nuevo que justificara su supuesta «nueva naturaleza» competitiva. Esto se desprende de la auditoría realizada por la Consejería de Presidencia del Principado con motivo del accidente en la explotación de Cerredo en el que fallecieron cinco mineros. El informe advierte que «se autorizó por la autoridad minera la transmisión de esos derechos mineros sin el informe favorable del órgano al que corresponde el ejercicio de las competencias sustantivas a estos efectos, esto es, el Instituto de Transición Justa, desconociéndose las razones por las que, siendo una explotación incluida en el Plan de Cierre que tenía aprobado una suspensión temporal de los trabajos en el momento de la transmisión, con posterioridad a la misma se autorizaron planes de labores que han permitido la continuidad de la actividad extractiva sin que conste que los mismos sean ejecución de un nuevo proyecto subterráneo distinto al autorizado antes de la suspensión temporal, toda vez que, respecto de esta explotación, no consta que se haya presentado ni aprobado ningún proyecto nuevo».

Este párrafo, incluido en la página 292 del informe, señala varias irregularidades. La primera es que el Principado autorizó la transmisión de derechos sin el informe del Instituto para la Transición Justa. La documentación revela que Pilotuerto estaba incluida en el Plan de Cierre Nacional, con lo que el ITJ era el único órgano con «competencias sustantivas» para controlar si una unidad de producción cumplía con los requisitos para seguir activa o si debía devolver las ayudas. Es decir, la administración autonómica habría actuado al margen del órgano estatal que supervisa los fondos públicos y el proceso de descarbonización. Asimismo, podría haber vulnerado la Ley de Cambio Climático, que obliga a que cualquier autorización o transmisión en unidades inscritas en el Plan de Cierre quede supeditada a la devolución previa de las ayudas percibidas. De resolverse el caso en este sentido, el Principado habría facilitado que la empresa (NMR/Special Anthracites) explotara recursos de carbón sin haber reintegrado las subvenciones millonarias destinadas al cierre de esa misma unidad. En estos momentos, el Principado se encuentra a la espera de recibir el dictamen del Ministerio de Transición Justa, tanto sobre Pilotuerto como sobre Vega de Rengos.

La inspección subraya que la empresa alegó que su proyecto era «nuevo» y «competitivo» —enfocado a la exportación fuera de la UE— para desvincularse de la antigua unidad de producción subvencionada, si bien no consta ningún proyecto nuevo. Es decir, pudo utilizar simples planes de labores anuales para autorizar la extracción continua sobre el viejo esquema de la mina. Además, insiste en el hecho de que que en el expediente administrativo no existe una justificación técnica o jurídica que explique por qué la administración asturiana permitió reactivar una mina en cierre sin exigir un proyecto de explotación formal que cumpliera con los nuevos requisitos ambientales y legales, tales como la evaluación de impacto ambiental o la solvencia técnica actualizada. La implicación final es el riesgo de que se haya validado una estrategia para evitar el cierre definitivo al autorizar la transmisión de una mina que estaba en «suspensión temporal».

Según documentos a los que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN entre 2011 y 2018 Uminsa podría haber recibido más de 80 millones de euros a través de estas ayudas. El informe de la liquidación concursal explica que entre 2016 y 2018 las subvenciones las habría obtenido Prosimet, puesto que en ese momento era el que efectuaba entregas de carbón a las eléctricas utilizando medios y trabajadores de Uminsa. Esto permitía el mantenimiento de la actividad y de la unidad productiva, y generaba los recursos necesarios para el proceso de liquidación. Además, aseguraba que la plantilla de Uminsa pudiese tener acceso a las ayudas que preveía el Plan de Carbón y evitar las deudas que ocasionaría su despido. Con el importe obtenido por estas entregas se pagaba a Prosimet, así como la nómina de los trabajadores y los gastos necesarios para el funcionamiento normal de la actividad.

La explotación subterránea de Pilotuerto estaba sustentada por quince concesiones mineras de las que era titular y explotador Uminsa, explotadora como arrendataria también de otras quince concesiones mineras.

La táctica realizada desde la órbita del Grupo Alonso sería capaz de explicar por sí sola el caos —intencionado o no— con el que se ha gestionado el zombi económico actual de la minería en el suroccidente asturiano. Uminsa asumió la mayor parte de las explotaciones a cielo abierto y los activos del suroccidente asturiano a través de diversas absorciones: el cielo abierto de Cerredo, Tormaleo, Buseiro, y Pilotuerto, mientras que Coto Minero Cantábrico explotó la mina de interior de Cerredo. Solo Vega de Rengos, de Carbonar, era ajena al Grupo Alonso. Pilotuerto es uno de los exponentes de este juego. Perteneciente sobre el papel a Special Anthracites, su propietario y administrador único es un antiguo vigilante de Uminsa, David Rodríguez Menéndez, administrador igualmente de un gran número de limitadas, como S&M Explotaciones mineras, Narcea Atlantic Corporation, Minerales del Narcea, El Acebo explotaciones, Carbones de Gillón o Narcea Bierzo SL. Además, Rodríguez Menéndez ha estado vinculado como socio, administrador o liquidador a varias divisiones de NMR, anterior propietario de Pilotuerto. Este periódico ha llamado a David Rodríguez Menéndez, que no ha querido contestar.

Los acontecimientos

La simple ennumeración de los acontecimientos societarios es suficientemente reveladora. En 2013, Uminsa entró en concurso voluntario de acreedores. Un año más tarde, Minas autoriza la compraventa de las concesiones mineras de Uminsa a Minerales del Bierzo que, a su vez, arrienda a Uminsa. Es decir, hay un cambio de titularidad pero no de explotador. Durante estos dos años, Pilotuerto es incluido en el Plan de Cierre.

En 2017, la Consejería de Industria autoriza el contrato de arrendamiento de Minerales del Bierzo a Prosimet pero en el proceso el contrato de los trabajos se concede una vez más a Uminsa los derechos de explotación. El 14 de mayo de 2019, la Consejería autoriza la suspensión temporal de labores en Pilotuerto hasta 2020 y cinco meses más tarde, autoriza de nuevo la suspensión hasta 2021.

Antes, el 9 de octubre de 2020, se había producido la transmisión de derechos de Minerales del Bierzo a otra empresa, Natural Mineral Resources y, en 2021 los documentos oficiales registran una autorización de reserva de dominio con la condición de que NMR verifique el pago solutorio de las concesiones y la resolución de fecha. Es decir, la nueva sociedad debía acreditar ante el Principado que había realizado el pago completo y definitivo por la compra de las concesiones mineras de Pilotuerto a la vendedora, Minerales del Bierzo. Jurídicamente, este proceso se instrumentalizó mediante una «reserva de dominio». Es decir, si bien la transmisión de derechos fue autorizada, el vendedor mantenía una garantía sobre la propiedad hasta que el comprador (NMR) cumpliera con la obligación del pago total de la operación. El 22 de junio de ese mismo año se reanuda la actividad de explotación en Pilotuerto y se aprueba el plan de labores.

En este punto, el informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias destaca que la situación jurídica y administrativa en la que se desenvuelve la instrucción del expediente de transmisión de titularidad de derechos mineros sería similar a los expedientes analizados de Cerredo por tratarse de explotaciones mineras incluidas en el plan de cierre de España, por lo que la empresa habría percibido una determinada ayuda dirigida a subvencionar el cierre de la explotación.

El 14 de diciembre de 2023 tiene lugar el levantamiento de la reserva de dominio, una vez verificado el pago y hacer constar en el registro minero que las citadas concesiones figuran libres de cargas, gravámenes, arrendamientos o reservas de dominio. En 2024 NMR comunica a la autoridad minera el cambio de denominación de la empresa a Special Anthracites y el 10 de octubre de 2025, y en contestación al requerimiento de la Inspección General de Servicios del Principado, el Servicio de Minas informa que no consta acta o resolución de cierre y abandono de Pilotuerto.

A todo ello, además, hay que añadir que Minarsa asegura que adquirió el 5 de diciembre de 2023 los derechos mineros de Pilotuerto, y que, desde entonces, ha presentado numerosas denuncias contra la empresa.