El Principado de Asturias destapa el fraude del carbón que provocó la muerte de ocho mineros
Un informe, que ya está en manos de la Fiscalía, asume la conculcación de numerosas leyes. Admite que los PIC fueron una falacia y que se operó de espaldas al Instituto de Transición Justa
La comisión parlamentaria de investigación del accidente minero de Cerredo acoge la comparecencia de la exconsejera Belarmina Díaz.
Son casi 320 páginas en las que la Inspección General de Recursos, dependiente de la Consejería de Presidencia, revela una presunta trama de favores realizados a los empresarios carboneros. La investigación, que esta misma semana el gobierno asturiano envió a la Fiscalía, analiza de qué manera el departamento de Industria y Transición Ecológica —primero con Enrique Fernández Rodríguez y después con Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz— tejió una estrategia para sortear la ley, tanto la europea como la española, a través de los llamados Planes de Investigación Complementaria.
Fuentes consultadas por DIARIO DE LEÓN subrayan que los planes para permitir que la extracción de carbón continuara —contra las leyes medioambientales de la UE y las ayudas al cierre concedidas y cobradas— comenzaron a idearse en 2018, año del cierre obligado por Europa a cuantos hubiesen recibido ayudas públicas a tal fin. El 14 de enero, la recién nombrada directora general de Minería, Belarmina Díaz, aseguraba que podría haber empresas que no se vieran en la situación de tener que devolver las ayudas. «Las que tengan que devolver ayudas van a tener complicada, por no decir imposible, su subsistencia más allá del 2018. Pero desde nuestra posición intentaremos hacer todo tipo de negociaciones para buscar, por lo menos, la flexibilización de la devolución de las ayudas». Y así fue. La auditoría realizada por el Principado deja claro que a los sucesivos consejeros mantuvieron la misma fórmula con tal de mantener las minas abiertas. Y, como siempre, se utilizó a los obreros para mantener una dudosa actividad empresarial. Entre los vehículos que se sacaron de la manga figuran los Planes de Investigación Complementarios (PIC), un eufemismo con el que la administración permitió la extracción y venta de decenas de miles de toneladas de carbón sin cumplir la ley. Se obvió así la obligación de devolver las millonarias ayudas al cierre de las explotaciones y toda la normativa medioambiental de la Unión Europea.
Ahora, ocho muertos después, aparecen las pruebas de lo que todos sabían y escondían: que no había investigación alguna, que como numerosos ingenieros han venido denunciando, ni el grafito ni el arrabio eran nada nuevo, que llevan años usándose, que el arrabio no es más que el acero fundido según sale del horno alto y el grafito, el residuo final que aparece tras la extracción de los gases, combustibles líquidos más o menos ligeros y fuel.
Ni había investigación ni se la esperaba. De hecho, el informe del Principado destaca la ausencia de control normativo y procedimental. La auditoría denuncia que la autoridad minera perfiló esta figura de forma unilateral y sin cobertura normativa. Los PIC se utilizaron para autorizar la extracción de grandes cantidades de mineral (hasta 90.000 toneladas en el caso de Tyc Narcea en Vega de Rengos) bajo la denominación de «pruebas industriales» aunque se sabía desde el principio que las actividades coincidían con una mera explotación industrial. La administración eximió a los proyectos de los planes de restauración obligados por la ley y no se sometieron a evaluaciones de impacto ambiental. Se llegó a tomar como propios los argumentos de las sociedades, que aseguraron que al ser labores subterráneas tendrían un impacto nulo, y se invadieron competencias del Estado: El Principado decidió que no hacía falta devolverlas ayudas públicas vinculadas al Plan de Cierre del Reino de España, una facultad que corresponde exclusivamente al Instituto para la Transición Justa (ITJ). El informe califica como especialmente grave que, tras recibir un contrato donde la empresa Blue Solving anunciaba que usaría a Combayl para extraer carbón en Cerredo, una actividad prohibida, el Servicio de Minas no realizara ninguna inspección durante diez meses ni se opusiera a la legalidad de dicha contratación.
TyC Narcea tuvo que haber devuelto más de 30 millones de euros para explotar Vega de Rengos
El pasado 30 de abril de 2025, siete meses antes de que tuviera lugar el accidente en Vega de Rengos que se cobró la vida de dos mineros, Anilson Soares de Brito y Óscar Díaz Rodríguez, la empresa Tyc Narcea enviaba al Principado una solicitud para transformar sus trabajos de investigación en una explotación minera de antracita destinada a la descarbonización industrial. En el mismo, la empresa niega que el yacimiento o sus infraestructuras formen parte de una unidad de producción beneficiaria de ayudas al cierre, puesto que, lo contrario, la obligaría a reembolsar dichas subvenciones públicas antes de recibir cualquier permiso definitivo. Estas ascienden a más de 30 millones de euros según consta en la documentación. Mientras la mercantil alega que su proyecto es independiente y ecológicamente innovador, el Instituto de Transición Justa (ITJ) advierte que el uso de instalaciones vinculadas al antiguo plan de cierre contraviene la normativa vigente. Tyc Narcea, vinculada al empresario leonés Manuel Lamelas Viloria, tendría que devolver, por lo tanto, las subvenciones recibidas por su anterior propietario, Carbonar. El empresario berciano asegura que él no es más que un accionista y ha descargado toda la responsabilidad en Gonzalo Piñuelo, director de Tyc Narcea, y Juan Antonio Coalla, administrador único y propietario de Tyc La Mata.
Vega de Rengos es una de las minas de carbón más ricas de Asturias. La administración facilitó la actividad de Tyc Narcea mediante diversas resoluciones. En diciembre de 2020 autorizó la transmisión de las concesiones mineras de Carbonar S.A. a favor de Tyc La Mata y posteriormente — febrero de 2021— a favor de Tyc Narcea. En octubre de ese año aprobó el proyecto de investigación complementario» (PIC), que permitía una «prueba industrial» limitada a 30.000 toneladas de carbón para valorar su uso en procesos siderúrgicos de bajas emisiones, pero esta se amplió a 90.000 toneladas en 2022 y concedió sucesivas prórrogas temporales hasta julio de 2025.
Sin embargo, fuentes consultadas por DIARIO DE LEÓN, aseguran que todo el carbón se ha vendido a Arcelor Mittal. Para ello, Angilvi, uno de los apoderados de TyC Narcea, adquirió en 2022 a Miningland, una empresa de venta de maquinaria relacionada con la minería, una instalación para moler carbón que permite triturar materiales de hasta 100 mm, que, después de todo el proceso, se reducen a 6 mm. El carbón obtenido de la instalación está destinado a la planta de fabricación de acero que la compañía Arcelor Mittal tiene en Avilés y se emplea como aditivo para la producción de aceros. Con el precio del carbón a 200 euros la tonelada, esta sociedad podría haber facturado en estos cuatro años alrededor de veinte millones de euros.
Los muertos
La pregunta que hay que hacerse es qui prodest, a quién benefició. Los hechos demuestran claramente quién no lo hizo. Ocho mineros han muerto desde el año 2022 sin que el Principado pusiera pie en pared. El primero, fallecido tras volcar un camión cargado con carbón y que descendía por una pista interior de Cerredo, responde a las iniciales R. D. S. R.. Tres años después morían en la misma explotación Iván, Rubén, Jorge, Amadeo y David. Hace apenas cinco meses les tocaba el turno a Óscar y Anilson en Rengos.
El informe habla de Blue Soving, Tyc Narcea y Special Anthracites. La primera explotó Cerredo, la segunda, Vega de Rengos y la tercera, Pilo Tuerto. Las tres se han denunciado mutuamente en una pelea de cárteles que evidencia que las muertes de los trabajadores son el resultado de la codicia de los empresarios y la presunta prevaricación de la administración.
Una tragedia evitable
En el caso de Cerredo, uno de los puntos fundamentales del informe desvela hasta qué punto fue la connivencia de la administración la que permitió la tragedia. En agosto de 2022 — con una inspección previa en junio que no detectó actividad— tuvo lugar un accidente mortal y la investigación descubrió que el carbón que transportaba el camión volcado procedía de la plaza del piso sexto, en el que no se podía trabajar. La investigación encontró una guía de 319 metros con sistemas de ventilación, transporte de mineral, red de aire comprimido y un pozo de 120 metros que calaba al exterior. Con posterioridad, los análisis del CSIC confirmaron que el carbón del accidente coincidía con el de este taller ilegal. En marzo de 2023, con ayuda de la Brigada de Salvamento Minero, la inspección logró entrar y descubrió un taller de explotación no autorizado.
A partir de este momento, comenzaron las divergencias entre los técnicos de minas y la Secretaría General Técnica (SGT). Los primeros la calificaron de «explotación clandestina» —que conlleva una sanción muy grave y el cierre definitivo de la mina— pero la SGT, encargada de tramitar el expediente, decidió ignorar la calificación y rebajó la infracción a grave. La eliminación del adverbio supuso que la empresa solo pagó 12.000 euros de multa tras aplicar reducciones por pronto pago y reconocimiento de responsabilidad de la empresa. El informe definitivo de inspección crítica duramente esta decisión, señala que carece de motivación y que evitó una sanción mucho más severa (la clausura) que era la adecuada para una explotación en fase de cierre que extraía carbón de forma oculta. Es decir, se habría evitado el accidente de hace un año que segó la vida de cinco mineros.
El ITJ recuerda la obligación de Rengos de reintegrar las ayudas
Invasión de competencias
Y es que la auditoría reconoce que hubo una invasión de competencias sobre ayudas. La consejería dictaminó unilateralmente que TYC Narcea no debía devolver las ayudas al cierre percibidas por Carbonar en 2015. Sin embargo, la inspección advierte que el Principado carecía de competencia para ese pronunciamiento, el cual corresponde exclusivamente al Instituto para la Transición Justa puesto que Vega de Rengos era una unidad incluida en el Plan de Cierre estatal que ya había ejecutado su clausura definitiva en octubre de 2020.