¿Qué pasa ahora con Mercosur?
La votación en el hemiciclo fue muy ajustada.
Tras veinticinco años de negociaciones, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur parecía finalmente encarrilado. La autorización de los Veintisiete para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara a Asunción y firmara el pacto simbolizaba un paso decisivo hacia su entrada en vigor. Sin embargo, el optimismo inicial se ha visto empañado por la reciente decisión del Parlamento Europeo de elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que vuelve a sembrar dudas sobre su aplicación.
La Eurocámara aprobó esta iniciativa por un margen muy estrecho —apenas diez votos de diferencia—, reflejando la profunda división política que genera el tratado dentro de la UE. Aunque esta decisión no invalida la firma del acuerdo, sí introduce un freno político y jurídico que complica su despliegue a corto plazo.
Desde el punto de vista legal, la Comisión Europea no está obligada a esperar el pronunciamiento del Parlamento Europeo ni del TJUE para iniciar la aplicación provisional del acuerdo. De hecho, el Consejo de la UE ya autorizó tanto la firma como esa aplicación provisional la semana pasada.
El único requisito indispensable es que al menos uno de los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay— ratifique el acuerdo conforme a sus procedimientos nacionales. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho. Una vez se produzca esa ratificación, el pacto podría comenzar a aplicarse entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.
Pese a ello, la Comisión se muestra prudente. Ante las divergencias políticas entre los Estados miembros y el rechazo de la Eurocámara, Bruselas prefiere contar con un respaldo político más amplio antes de activar el acuerdo de forma provisional.
Los grupos que impulsaron el recurso ante el TJUE —Verdes, Izquierda Europea, extrema derecha y parte del Partido Popular Europeo, especialmente eurodiputados polacos, además de representantes franceses de todos los grupos— cuestionan la legalidad del acuerdo por varios motivos.
Uno de los puntos más controvertidos es el llamado mecanismo de reequilibrio, que permite a la UE o a los países del Mercosur reclamar compensaciones si consideran que futuras leyes de la otra parte vulneran lo pactado. Los eurodiputados críticos temen que esta cláusula limite la soberanía regulatoria europea.
También se cuestiona la base legal que permitiría ratificar la parte comercial del acuerdo sin la aprobación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
Frente a estas críticas, la Comisión Europea defiende que el mecanismo de reequilibrio no restringe la capacidad normativa de la UE, ya que ningún tribunal de arbitraje puede obligar a modificar leyes internas. Además, Bruselas recuerda que este sistema se inspira en los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio y que ya está contemplado en otros acuerdos, como el firmado con Chile, en vigor desde el 1 de febrero de 2025.
Largo horizonte judicial
El portavoz de Comercio, Olof Gill, aseguró que la Comisión mantendrá contactos tanto con la Eurocámara como con el Consejo antes de decidir los próximos pasos. Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado públicamente a la Comisión a hacer uso del mandato recibido y avanzar en la aplicación provisional del acuerdo.
Von der Leyen, por su parte, ha señalado que existe «un claro interés» entre algunos líderes europeos en que los beneficios del pacto se apliquen cuanto antes, aunque subrayó que no se ha tomado aún una decisión definitiva. «Nosotros estaremos listos cuando los países del Mercosur estén listos», afirmó.
El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE podría tardar entre 18 y 24 meses, un plazo que prolonga la incertidumbre sobre el futuro de un acuerdo llamado a ser uno de los más ambiciosos entre Europa y América Latina, pero que sigue atrapado entre la voluntad política y los recelos institucionales.