¿atajar la violencia o acallar la protesta?

El anuncio del endurecimiento del castigo penal del vandalismo callejero no ha dejado indiferente a nadie. A falta de precisar los detalles, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sí ha explicado que trabaja con el Ministerio de Justicia en una modificación del Código Penal que equipare las penas para quienes participen en actos de «guerrilla urbana» a las que recibe el terrorismo callejero o ‘kale borroka’.

Su anuncio ha disparado la discusión sobre dónde está el límite del castigo penal, aunque los juristas y expertos en Derecho Penal y Constitucional consultados por Efe coinciden en que cualquier reforma del Código Penal debe abordarse con cautela, conforme a la Constitución y sin poner en peligro derechos fundamentales.

La idea con la que trabajan Interior y Justicia es castigar con una pena mínima de dos años las conductas consideradas como vandalismo callejero, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla. El Gobierno asegura que no pretende limitar los derechos de reunión y manifestación, sino que se ejerzan de forma pacífica.

Los recelos están en quienes defienden que en el actual Código Penal ya son delito las actitudes violentas en una manifestación y advierten del abuso del Derecho Penal, cuando debe ser la última opción y se puede optar por medidas educativas o sanciones menos limitativas de derechos.

Quemar papeleras, agredir a un policía o provocar daños en la vía pública ya es delito, dice el abogado Carlos García-Castaño, presidente de la subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que teme que se quiera tipificar penalmente lo que aún no lo está y que, por tanto, se llegue a convertir en delito que alguien «se siente en el suelo».

«Que la resistencia pasiva pase a ser delito es exigir a la gente que se aborregue, que no proteste porque puede ir a la cárcel», dice García-Castaño, que coincide con el abogado Manuel Ollé en que un abuso «indeseado» del Derecho Penal podría vulnerar principios básicos del sistema democrático. «No se trata de castigar, sino de educar y fomentar los valores y el respeto a los derechos fundamentales» a través de otras vías como la educación, añade Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Internet, caldo de cultivo

Según lo anunciado por Interior, se considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio, incluido Internet, de actos que alteren gravemente el orden público. Así, se perseguirá a quienes se concierten previamente para provocar de forma coordinada incidentes callejeros violentos o ataques contra las fuerzas de seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.

Desde la conservadora Asociación de Fiscales, su presidente, Antonio Roma, aún reconociendo su preocupación por incidentes como los de Barcelona, cree que el problema «no es tanto cómo castigamos, sino como investigamos» a los violentos. A su juicio, se requiere de «buenas herramientas» y de un «trabajo policial complicado» para evitar los desórdenes.

De hecho, en esa línea trabajan ya desde hace tiempo los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, con especialistas en el control y vigilancia de los movimientos de tribus urbanas o grupos antisistema susceptibles de provocar actos violentos a través de Internet o cualquier otro medio.

María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, ve «exagerada» la reforma, porque ya hay penas elevadas para los que cometen este tipo de acciones y el problema está en la prueba. Identificar a los participantes en actos vandálicos requiere una investigación policial «demasiado importante» —señala— y el fiscal nunca pedirá la prisión provisional si no tiene «el convencimiento» de su autoría.

El contexto social

El anuncio del Gobierno se produce cuando está a punto de cumplirse un año de la eclosión del movimiento 15-M, que reunió a miles de «indignados» con la clase política y los poderes económicos en manifestaciones que en algunas ciudades terminaron con disturbios y detenidos. El Ejecutivo insiste en que la reforma, que quiere remitir al Congreso antes del verano y aprobar antes de fin de año, sólo irá dirigida contra los actos que alteren gravemente el orden público y no violará derechos fundamentales.

Fernández Díaz aludió expresamente a los incidentes en Barcelona durante la huelga general para afirmar que se trata de un fenómeno que «se está generalizando» y que «no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico», y el conseller catalán de Interior, Felip Puig, respalda las medidas, que en su opinión «van en la buena dirección».