cataluña, 2014
Hemos entrado en el año del hipotético referéndum catalán sin que se haya tendido puente alguno entre las partes en disputa. Artur Mas, en un discurso autista que parece desconocer la realidad de lo que está ocurriendo, ha centrado su mensaje institucional de fin de año en la exigencia del referéndum de autodeterminación, sin ver que, de proseguir por este camino, entraremos en una peligrosa cuenta atrás que por fuerza terminará estrellándose en el muro constitucional En términos estrictamente jurídicos, este disenso supone el fracaso irremediable de la iniciativa soberanista, que no se prosperará sin la autorización del Estado, pero a nadie se le oculta que subyace un problema político que no puede ser archivado sin más. Porque la reclamación soberanista no es solamente el fruto ideológico de una propensión sobrevenida u originaria (ERC fue siempre separatista, en tanto CiU optó por la vía autonomista aunque nunca ocultó su ‘programa máximo’ que ya aludía a la entonces utópica independencia) sino también la consecuencia de unos desentendimientos objetivos entre Cataluña y las instituciones del Estado, que han arrastrado a muchas personas en principio neutrales a secundar la ruptura. Quiere decirse que hay unos contenciosos abiertos que trabajan a favor de la secesión.
De hecho, las últimas encuestas —en concreto, la publicada por La Vanguardia el 22 de diciembre pasado— aseguran un empate entre partidarios y contrarios a la independencia (cada uno conseguiría en torno al 45% de los votos) pero son claras al detectar que dos de cada tres electores apoyarían un pacto fiscal y un blindaje competencial. El Gobierno puede, si le parece oportuno, negarse a escuchar la reclamación independentista, pero no puede mostrar oídos sordos ante la recriminación de más del 65% de los catalanes que dicen sentirse agraviados por el actual ‘statu quo’ y quieren, como mínimo, negociar otro distinto.
Estas airadas demandas catalanas coinciden en el tiempo con la obligación legal de renovar la Lofca, es decir, el sistema de financiación autonómica, circunstancia que brinda una magnífica oportunidad a Madrid para emprender una negociación multilateral que, con la debida sutileza, colme aquellas demandas catalanas en las que la comunidad autónoma tiene suficientes razones y argumentos, sin agraviar a las demás (no siempre la asimetría tiene que ser injusta o inequitativa).
Ante la exigencia catalana caben, en fin, dos posturas: la inflexible, que es la que está imponiéndose y que podría terminar en estallido, y la negociadora o de sentido común, que requiere un gran esfuerzo para diseñar un nuevo marco de convivencia tan fecundo como el que ha funcionado hasta ahora y capaz de servir a varias generaciones futuras. Parece sensato decantarse por esta última opción, aunque bien a la vista está que Rajoy no es partidario de abrir una negociación, que siempre obliga a derrochar generosidad y a abrir algunas incertidumbres.