Regenerar las instituciones

El éxito de «Podemos», con un discurso muy crítico con las viejas inercias de los partidos tradicionales y con la corrupción en todas sus formas, parece haber estimulado al Partido Popular a tomar algunas iniciativas en la tan manida dirección de la ‘regeneración democrática’ que, a la luz de la secuencia de escándalos que están saliendo sin cesar a la luz a lo largo de esta legislatura, debe estar todavía muy verde, en el supuesto de que se haya iniciado alguna vez. Ya es curioso que el presidente del Gobierno se plantee reducir los aforados poco después de haber ampliado la nómina metiendo con calzador en ella a miembros de la familia real mediante una enmienda a una ley orgánica que habla de otra cosa. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y si el objetivo es el adecuado: aunque sólo fuera en atención al derecho comparado, la lista de aforados debería reducirse al Rey -que en realidad es inviolable según la Constitución-, a los diputados y senadores en el desempeño de su función representativa y a los miembros del gobierno también en sus actos vinculados a su tarea ejecutiva. Por supuesto, una verdadera reforma de este capítulo requeriría mejorar la independencia del Tribunal Supremo, formado por magistrados que llegan a la cúpula de la judicatura tras un proceso con ingredientes claramente políticos, lo que podría influir en su ánimo a la hora de conocer causas que involucren a altos cargos.

El otro gran asunto, el de la elección directa de alcaldes, es complejo porque no se sabe lo que quiere decirse. Si de lo que se trata es de que gobierne el cabeza de la lista más votada en unas elecciones proporcionales corregidas como las actuales, hay que decir directamente que estaríamos en puertas de un fraude de ley. La actual fragmentación del mapa político (a pesar de la ley d’Hondt) llevaría a gobiernos municipales en insostenible minoría. En las europeas, sin ir más lejos, el partido más votado fue el PP con el 26% de los votos, y sería inaceptable que se formase un gobierno municipal con un respaldo de esta magnitud. Si lo que se propone es la elección directa del alcalde por el sistema mayoritario a dos vueltas, las objeciones son menores, ya que al menos se asegura que quien gane tendrá detrás de sí una mayoría ideológica, aunque no sea homogénea. Sin embargo, no parece procedente mezclar el sistema mayoritario con el proporcional, ni desvirtuar la impregnación parlamentarista que emana de la Constitución y que alcanza a todos los niveles del poder político. En la formación de los equipos municipales, lo que habría que cambiar es la falta de disposición al pacto de los partidos políticos y no el modelo de elección, que consigue una representación ajustada a las preferencias ciudadanas. En definitiva, la regeneración de nuestra vida municipal no requiere tanto modificar el modelo cuanto cambiar la disposición cerrada de los actores, tan renuentes a la negociación y el pacto en beneficio del bien común.