«España necesita una segunda instanciapenal»

Ha sido un año de puesta en marcha del proyecto del ministerio en el mundo de la Justicia. En todo caso, estoy satisfecho con la Ley contra la Violencia de Género. Resulta muy satisfactorio impulsar esta norma que viene a cubrir un hueco muy grande en la vida social y jurídica española». Luis López Guerra (León, 1947) no sólo está volcado en la acción legislativa que afecta a reformas procesales, sino que avanza en diseñar las bases de una nueva Administración judicial. «Será una auténtica renovación en el sistema», afirma. Pero reconoce: «De todos modos, por muchos medios, trabajo y recursos que se dediquen a la justicia siempre será poco». -¿Cómo se está articulando la puesta en marcha de los Juzgados contra la Violencia de Género? -La ley nos da un plazo de seis meses para delimitar los aspectos jurídicos. Estamos trabajando intensamente en colaboración con el CGPJ, las autonomías y los ministerios para que el 29 de junio entre en vigor la ley y se ponga en marcha este complejo organizativo. En estos momentos ya se han creado y ahora estamos en la fase de proveerlos con medios a través de los correspondientes concursos. También estamos colaborando con el CGPJ para que adopte una serie de cambios en cuanto al funcionamiento interno. Incluso estamos verificando las cifras de la carga de trabajo que prevemos van a tener para llevar a cabo, si hiciera falta, las mejoras y reformas necesarias. -¿Habrá uno por provincia? -En todos los partidos judiciales habrá un Juzgado de Violencia de Género, lo que ocurre es que en 17 casos van a ser juzgados dedicados exclusivamente a esta función, pero sólo en aquellas áreas en las que son necesarios. En la gran mayoría de los partidos judiciales no existen tantos casos como para justificar un juzgado de este tipo. Lo que haremos será especializar uno de ellos para que lo compatibilice con otras funciones. -¿Para cuándo un tribunal superior de justicia que sea la última instancia en su ámbito territorial? -Creemos que deben potenciarse no sólo desde el punto de vista autonómico, sino desde el cumplimiento de las exigencias del Estado de Derecho referidas a la segunda instancia penal. Estamos recibiendo continuamente advertencias del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque no tenemos una segunda instancia penal generalizada. Frente a las sentencias dictadas por las audiencias provinciales sólo hay posibilidad del recurso de casación. Prevemos que la norma la podremos presentar a lo largo de este periodo de sesiones, o sea antes de junio, introduciendo también otra serie de medidas que refuerzan a los tribunales superiores de justicia como última instancia y que configura al Tribunal Supremo como un auténtico tribunal de casación, encargado sobre todo de dar criterios unificadores al resto de tribunales. -¿Cuándo la Iglesia dejará de tener esa posición ventajosa sobre el resto de religiones, otorgada de manera formal por los acuerdos de 1979 con la Santa Sede? -Los pactos hay que cumplirlos y el Gobierno español tiene acuerdos internacionales con la Santa Sede. Ahora bien, el mantenimiento de estos pactos no puede suponer que existan otras confesiones en España que se sitúen en una situación de discriminación, en la que sus derechos pueden verse afectados. Nuestro objetivo no es perjudicar la posición de la Iglesia, sino que queremos garantizar los derechos con respecto a otras creencias religiosas.