La Junta aprueba el Plan de Gestión y Conservación del lobo
Su objetivo es asegurar un estado de conservación favorable de la especie y minimizar el conflicto social en el medio rural. Cuenta con una inversión de 5,7 millones de euros para los primeros diez años de vigencia
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el Decreto del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, con una inversión de 5,7 millones de euros para los primeros diez años de vigencia, con el fin de asegurar un estado de conservación favorable de la especie y minimizar el conflicto social en el medio rural. Su vigencia es indefinida, aunque se prevé su revisión general cada diez años y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo aconsejen. Según el censo realizado en el año 2001 se calcula que hay 149 grupos reproductores seguros con una población mínima de 1.500 ejemplares.El documento plantea entre otros objetivos el mantenimiento de una población estable, la viabilidad de la especie, su aprovechamiento cinegético, la compatibilidad de su existencia con la de la ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, su puesta en valor para convertirla en un elemento que fomente el desarrollo rural en su ámbito de distribución, y el fomento de la investigación, el seguimiento y la educación ambiental acerca de este animal. Líneas de actuación El Plan establece hasta tres zonas de gestión en las que se puede dividir el territorio de Castilla y León en función de su potencialidad para albergar lobos, la disponibilidad de presas silvestres y carroñas, así como la conflictividad potencial con la ganadería extensiva. Se ha utilizado la división en comarcas agrarias para facilitar la aplicación de las distintas medidas que hagan compatible la especie con las actividades agroganaderas. Se establecen cinco líneas de actuación. En la compatibilización con la ganadería se contemplan medidas preventivas, compensatorias y de control de la especie. Las primeras incluyen incentivos para prevenir los daños a la ganadería (pastoreo, perros guardianes y vallados protectores) y la colaboración con las entidades locales en el control de perros asilvestrados. Desde el año 2005 la Consejería de Medio Ambiente ofrece gratuitamenteperros mastines a disposición de los ganaderos, con una subvención para los costes de manutención y entrenamiento durante los dos primeros años, de unos 120 euros/año. Las medidas compensatorias se establecerán en función de la situación de los terrenos (norte o sur del Duero) en los que se producen los daños y contemplan, además de un mínimo de tres millones de euros, un servicio destinado a auxiliar a los ganaderos que han sufrido un siniestro en los territorios situados al sur del río y otras medidas para facilitar el acceso a la ayuda y a la comunicación de posibles siniestros a través de un protocolo de colaboración con el teléfono de los Centros Provinciales de Mando, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y el 112. Respecto a las medidas de control, se establece el aprovechamiento cinegético como procedimiento prioritario para ejecutar las acciones de control encaminadas a prevenir los daños a la ganadería o a proteger aquellas especies amenazadas que puedan verse afectadas por la presencia del lobo. El texto establece el marco jurídico para el aprovechamiento cinegético en todas aquellas comarcas en las que la situación demográfica de la especie lo permita durante la época hábil. Anualmente, se determinará para cada comarca agraria el cupo de lobos a extraer con el fin de garantizar su conservación a largo plazo y mantener los objetivos de gestión. Además, se regula la forma de realizar el control de la población tanto en la época hábil de caza de la especie como en períodos de veda. En cuanto al control de la mortalidad no natural de la especie se incluyen medidas orientadas al control del furtivismo (con una dotación mínima de 150.000 euros) como el incremento de la eficacia en la vigilancia de las actividades ilegales y se establece un riguroso control de las causas de muerte accidental de la especie, con una especial incidencia en el caso de atropello, al que se destina una inversión mínima de 300.000 euros. El Plan de Conservación del Lobo contempla, además, aplicar con rigor el protocolo de actuaciones ante presuntos casos de envenenamiento.