Anticorrupción apunta a consejeros de Camps por los contratos con Gürtel
La Fiscalía anuncia que pedirá la inhibición en favor del tribunal superior de Valencia si aparecen aforados entre los responsables de las adjudicaciones a Correa y El Bigotes
Camps saluda al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll.
El caso Gürtel en la Comunidad Valenciana se va a complicar en breve, mucho más allá de los famosos trajes. La Fiscalía Anticorrupción ya anuncia que pedirá a la justicia madrileña que se inhiba en favor de la valenciana en una parte del sumario si, tal y como sospecha, entre los altos cargos que adjudicaron contratos a las empresas de Francisco Correa hay aforados del Gobierno de Francisco Camps. El Ministerio Público ha hecho pública su decisión en el documento en el que impugna el escrito del Partido Popular, que se oponía a que el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira, reclamara a la Abogacía de la Generalitat los nombres de todos y cada uno de los responsables de los 17 departamentos del Gobierno autónomo (incluidos la Presidencia, Vicepresidencia y siete consejerías) que entre 2004 y 2009 firmaron 85 contratos públicos con las mercantiles de Gürtel, la mayoría con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, «El Bigotes».
Anticorrupción, en un escrito fechado el pasado 11 de mayo, explica al PP que el objetivo de la investigación es Orange Market y el resto de empresas de Correa que operaron en Valencia y que, según el informe del 13 de abril de la Intervención General del Estado, se hicieron con cerca de 7,2 millones en adjudicaciones públicas. «Ello sin perjuicio de que si del resultado de esas diligencias se deriva que algunas de las personas que hubieran ser objeto de investigación -”por su intervención en las adjudicaciones presuntamente irregulares-” están sujetas a un concreto régimen de aforamiento procediera la inhibición al tribunal correspondiente», en este caso el tribunal superior de Valencia, según señala la Fiscalía.
El Ministerio Público insiste en que, por el momento, no es posible desgajar la investigación de Orange Market ya que es uno de los elementos centrales de la trama de Francisco Correa, pero reitera que si de estas pesquisas «resultara la procedencia de investigar a una persona sometida a un régimen especial de aforamiento distinto al atribuido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habrá de examinarse la posible inhibición parcial al tribunal competente».
Investigación. A pesar de las cautelas, Anticorrupción no oculta su convicción de que, visto el informe de la Intervención General, «prácticamente todas las consejerías» del Gobierno valenciano, acusadas de «adjudicación irregular», «necesariamente habrán de verse afectadas por la investigación».
El polémico informe de la Intervención que sirve de base al Ministerio Público asegura que 14 de los 85 contratos localizados fueron a todas luces irregulares y que la inmensa mayoría de los expedientes, 76, fueron tramitados como «contratos menores» soslayando así el concurso público.
La Fiscalía también deja claro que no ha olvidado el tema de los trajes y los regalos, a pesar de que este asunto ya ha sido remitido de nuevo a la justicia valenciana.