La presión de los alcaldes fuerza a aplazar el límite a la deuda municipal
La vicepresidenta económica habla de «error» pero el presidente socialista de la FEMP se atribuye la rectificación que deja para el 2011 la prohibición de créditos
Zapatero fue ovacionado por los senadores socialistas mientras los del PP le reclamaban a gritos la
Veinticuatro horas le duró esta vez a José Luis Rodríguez Zapatero su determinación de reducir el déficit mediante medidas drásticas, impopulares y de elevado coste político. El Gobierno cedió a la presión de los alcaldes y rectificó este martes su prohibición a los ayuntamientos de pedir créditos hasta el 2012 y retrasó siete meses, hasta el 1 de enero del 2011, la entrada en vigor de esa medida. La modificación, que altera el texto original del Real Decreto Ley que desgrana las medidas de ajuste, fue publicada en el BOE mediante una «corrección de errores». La vicepresidenta económica y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -”ambos socialistas-” discreparon sobre los motivos de ese aplazamiento.
La primera versión del texto legal enfureció a muchos alcaldes, incluidos los del PSOE, que vieron peligrar la finalización de muchas obras públicas ya en marcha. El cambio de rumbo permitirá a las entidades locales seguir pidiendo créditos en el 2010 para afrontar el coste de los trabajos ya iniciados o licitados, siempre que no vulneren el techo de deuda legal, fijado en el 120% de los ingresos liquidados el año anterior.
La vicepresidenta Salgado intentó quitar importancia a la rectificación, que atribuyó a «un error sin importancia» en la redacción del BOE. «Todos los BOE llevan corrección de errores, todos los decretos, y más un decreto-ley que es tan complicado como este», señaló. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, eludió explicar por qué ese supuesto error no fue admitido y rectificado de forma oficial el primer día.
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ofreció una explicación distinta de la dada por la ministra, y se atribuyó el mérito de la rectificación. Castro se reunió el lunes con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. Según su relato de lo sucedido, el Gobierno decidió suavizar la prohibición «tras la intervención de la FEMP».