Anticorrupción señala hacia el gabinete de Camps en el Gürtel

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada vuelve a apuntar a Francisco Camps. Lo hace en un informe de diez páginas redactado el pasado 18 de junio en el que rechaza los argumentos del PP en contra de la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en favor del de Valencia y en el que asegura tener en su poder datos de la Intervención General del Estado que revelarían que el «gabinete del presidente» dio el visto bueno a contratos «irregulares» con empresas de la trama Gürtel.

El escrito, suscrito por las dos fiscales del caso, Concepción Sabadell y Myriam Segura, asegura que «las irregularidades detectadas por la Igae -”Intervención General de la Administración del Estado-” se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat Valenciana». «Entre otros datos -”prosigue el informe fiscal-” la Intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente».

Empresas de El Bigotes. En otro de los pasajes, Anticorrupción da más pistas de por dónde van las acusaciones, ahora directas, a Camps por los contratos públicos y adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes , amigo íntimo del presidente. Según la Fiscalía, en la investigación ya se «han analizado» por lo menos «cuatro expedientes de contratación» bajo sospecha «por un importe total de 41.988,23 euros» que tuvieron «la preceptiva autorización del gabinete de la presidencia» como establece el «decreto 180/2004 del Consell de la Generalitat», que es el reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat. «Estos datos -”insiste la Fiscalía, siempre reacia a despiezar el caso de los trajes del resto del sumario-” hacen preciso investigar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y los cargos que los imputados en dicho procedimiento ocupaban en el PPCV y/o en la Generalitat». El Ministerio Público aboga por unir la causa de los trajes con el resto de los posibles delitos porque el «avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada (...) y la documentación remitida por distintos entes públicos ofrece nuevos datos».