El Congreso salda una deuda con las miles de víctimas del terrorismo
José Bono clama contra la «permisividad» y los políticos «tibios» en un pleno extraordinario presidido por el Rey, acto que unió a todas las fuerzas políticas
De la Vega, Dívar, Don Juan Carlos, Doña Sofía y Bono, en el homenaje a las víctimas.
Ni más ni menos que 1.382 personas han muerto a manos de terroristas en España desde el 27 de junio del 1960, la fecha en que ETA sesgó su primera vida. Ha llovido mucho desde entonces. Las víctimas han ido ocupando, más lentamente de lo que habría sido deseable, un lugar destacado en el discurso político, pero el Congreso de los diputados aún tenía una tarea por hacer. Ayer, la Cámara baja celebró un pleno extraordinario presidido por el Rey para rendir tributo a quienes han sufrido más de cerca el desgarro provocado por la violencia etarra, islamista, de los Grapo o de otros grupos. «Al honrarlas con la debida solemnidad -”afirmó don Juan Carlos-” no sólo cumplimos con la deuda de inmensa gratitud que tenemos contraída con ellas, sino que enaltecemos los mejores valores de nuestra sociedad; son un referente cívico, un símbolo de la firmeza de nuestro compromiso con la democracia y la libertad». No es que el acto fuera grandilocuente. Se optó más bien por la brevedad y la sobriedad. En su conjunto apenas duró media hora
1397124194 Gesto digno de mención. Pero el hecho de que el Palacio de la Carrera de San Jerónimo abriera ayer las puertas de un hemiciclo no siempre muy concurrido es ya un gesto digno de mención. Hacía más de setenta años que no se celebraba un pleno en festivo. La norma se rompió porque el Congreso acordó del pasado 11 de marzo institucionalizar esta fecha, la del asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz, como Día de las Víctimas del Terrorismo
La conmemoración llega, además, justo después de que todos los grupos se pusieran de acuerdo esta semana -algo inusual en dado el clima político español- para aprobar por fin la ley de víctimas, que abre la puerta a que los familiares de los fallecidos puedan ser indemnizadas con hasta 500.000 euros sin que medie sentencia. «La unidad de todas las fuerzas democráticas frente a la barbarie terrorista es una de las demandas más unánimes de la sociedad española, una obligación de todos los demócratas y un deber frente a las víctimas y sus familias -”remarcó en su intervención el monarca-”. Nos debemos a las víctimas aunque nada ni nadie pueda reparar la terrible pérdida de sus vidas».