El Gobierno ya tiene apalabrada con el PP la renovación del Constitucional
Reducirá el mandato de cuatro magistrados para compensar el retraso en los cambios
La sede del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo.
El PP y el PSOE, que por intereses partidistas han bloqueado durante tres años la renovación del Tribunal Constitucional, sobre todo para que fuesen los actuales magistrados quienes dictasen la sentencia del Estatut de Cataluña, han sido capaces tras el polémico fallo de acordar los cambios necesarios de ocho magistrados en menos de un mes, a lo largo de septiembre.
Si el martes pasado ambos partidos anunciaron que habían llegado a un pacto en el Senado para cambiar a los cuatro magistrados de la corte que trabajan con su mandato de nueve años agotado desde diciembre del 2007, el Gobierno desveló ayer que ya cuenta con un principio de acuerdo con el PP para designar a los otros cuatro magistrados del tribunal que concluirán su mandato el próximo noviembre y que, en este caso, debe nombrar el Congreso de los Diputados.
La información la dio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa de la Vega, quien apuntó que el esfuerzo que los dos grandes partidos han decidido hacer ahora para nombrar a los miembros de altas instituciones del Estado que tienen bloqueados desde hace meses o años también podría incluir en las próximas semanas el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo e, incluso, el consejo de RTVE. El desbloqueo de las instituciones se produce unos días después de que se sepa que el Gobierno va a salvar en el Parlamento los Presupuestos del 2011 gracias a un pacto con el PNV y que, por tanto, quede descartada la posibilidad del adelanto electoral.
1397124194 Garantías. Fernández de la Vega también explicó que el Gobierno está en conversaciones con los grupos de la oposición para pactar una «concreta y limitada» reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que garantice que, en el futuro, los magistrados de esta corte se renueven cada tres años y por tercios -”cuatro cada vez-” tal y como ordena la Constitución. El cambio es preciso porque si no en el 2019, debido al bloqueo de tres años en el Senado, volvería a coincidir la designación del tercio de magistrados de la cámara alta con el del Congreso.
La vicepresidenta indicó que la solución probable es reducir el mandato de los cuatro magistrados que va a nombrar el Senado -y de cualquier otro que en el futuro esté en un caso equivalente- a seis años para compensar el retraso en las designaciones. La reforma legal también indicará que cuando en el tribunal se produzca una baja sobrevenida -“dimisión, cese o fallecimiento-, el magistrado que se designe verá reducido su mandato de nueve años al tiempo que le restaba a quien sustituye.
Los cambios permitirían cumplir la Constitución y además deberían disuadir a los partidos de buscar nuevos bloqueos futuros de la institución.