La Junta se personará como parte en los procedimientos
El viceconsejero económico de Castilla y León autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a iniciar las actuaciones necesarias para que el gobierno autonómico pueda personarse como parte en aquellos procedimientos en los que considere que la comunidad salga perjudicada. Así lo aseguraron ayer tanto el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como el consejero de Economía e Industria, Tomás Villanueva.
Este último señaló que los servicios jurídicos de la Junta están en contacto permanente con los del Ministerio de Industria, y que serán éstos los que notifiquen «qué desarrollos normativos están impugnados y ante qué instancias», para tomar una posición al respecto. Se hará, en cualquier caso, «en coordinación con el Estado, para defender los intereses que nos afecten».
Incumplimiento
El presidente de la Junta, por su parte, lamentó que esta judicialización por parte de las eléctricas de las discrepancias sobre el incentivo al consumo haya devuelto al sector minero «a la situación de incertidumbre y riesgo para las empresas y los trabajadores» de antes de la aprobación del real decreto por parte de la Comisión Europea. «Si no solucionamos esto, la viabilidad inmediata de las explotaciones es cero».
Herrera calificó de «inopinada reacción» la actuación de las eléctricas, máxime cuando en autonomías como Castilla y León suman buena parte de su producción. También lanzó a las compañías «un recordatorio: el consumo de la producción nacional de carbón es un compromiso que firmaron estas empresas en el protocolo eléctrico de 1996, que está plenamente vigente y fue la base para la nueva reglamentación del sistema eléctrico nacional».
Un incumplimiento legal que requeriría la toma de medidas, según el presidente, y que agrava la situación, «si no fuera suficiente el compromiso social e institucional que tienen con estos territorios».
El presidente Herrera consideró ilógico que las compañías eléctricas aceptaran en 1996 un plan que incluía incentivos a las térmicas por consumir carbón nacional (la conocida como peseta/kilovatio), y ahora se nieguen a aceptar un real decreto que no hace sino poner en marcha un incentivo similar.
Tanto el presidente como los consejeros incidieron en el compromiso social e institucional que tienen las eléctricas.