Cuatro cuestiones sobre el negocio eléctrico y los territorios
Del canon al recibo
La Ley Estatal del Sector Eléctrico (de 1997, reformada en abril de este año) contempla la posibilidad de que las actividades eléctricas que fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local puedan incluir un suplemento territorial, que sería diferente según la comunidad autónoma o ente local que lo aplique. Frente a esta medida en casos como el gallego se propone una «enmienda de garantía», para proteger a los consumidores en el caso de que las eléctricas decidan trasladar el costo a los recibos de la luz. Precisamente uno de los argumentos de las eléctricas, en los numerosos frentes que mantienen abiertos, es la amenaza de subir el recibo de la luz a los consumidores.
Recursos y beneficios
Negocios como el hidroeléctrico suponen explotar un importantísimo recurso natural de los territorios que los poseen. Territorios que incluso, como en el caso de la energía hidroeléctrica, han pagado durante décadas el peaje de convertir sus valles y patrimonio natural en embalses para poder abastecer de energía al resto del país. Sin embargo, estos embalses apenas crean empleo. Y los beneficios que generan son declarados y rinden sus tributos en el País Vasco o en Madrid, donde las grandes eléctricas tienen sus sedes sociales. Ni empleo ni impuestos. Más allá del coste social y natural, ¿qué queda por la riqueza que generan estos embalses y estas fuentes de energía verde en aquellos territorios que la producen?
Un patrimonio a cuidar
Quien contamina, paga. Y quien consume y recauda, contribuye. En Galicia la recaudación del canon hidroeléctrico se destina a la protección de los recursos naturales, la conservación y mejora del patrimonio fluvial afectado por los aprovechamientos hidroelécticos y, en general, al desarrollo sostenible. En Castilla y León (con mayor incidencia en León y Palencia) la propuesta es que el canon financie la reconversión de las comarcas mineras. Más allá del momento de crisis actual y de la inmediatez de los hechos, el patrimonio hidráulico de la comunidad requiere una importante tanto inversión como vigilancia para ser preservado.
Exportadoras
¿Quién produce y quién consume? Frente a cualquier gravamen sobre los beneficios, las eléctricas suelen amenazar con los incrementos en el recibo de la luz. En este sentido, cabe recordar que el mapa del país está clara y definitivamente definido entre quienes producen la energía y quienes la consumen. Castilla y León (la provincia de León de manera especial) es históricamente un territorio exportador de energía. Produce, pero su actividad industrial y económica le lleva a consumir una mínima parte de esta producción; que se va a centros económicos de mucha más trascendencia. A cambio, paga el peaje de los centros de producción energética (embalses, centrales térmicas, nucleares,...) y de las grandes redes de distribución eléctrica (ahí está la polémica de la línea de alta tensión Sama-Velilla, por poner sólo uno de los muchos ejemplos que cruzan el territorio autonómico). ¿Cuál es la deuda histórica, acutal y futura del conjunto del país, y de las eléctricas como empresas con beneficios, con estos territorios? ¿Pueden amenazarles con un incremento a mayores de la factura de la luz cuando son suministradores históricos y fundamentales de energía?
