Rubalcaba cree que el apoyo a Mas hará más fácil la relación con los nacionalistas

El mismo día y casi a la misma hora en la que el PSC aseguraba la investidura de Artur Mas como nuevo presidente de la Generalitat, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidía recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas populares por vía de referéndum, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado marzo. El acuerdo se adoptó en el último Consejo de Ministros antes de Navidad casi de tapadillo. De hecho, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni siquiera lo mencionó en la rueda de prensa posterior a la reunión en la que, en cambio, sí expresó su confianza en que el gesto de los socialistas catalanes «facilite las relaciones» del Ejecutivo con CiU. El PSOE y, por supuesto, el Gobierno aspira a que el «ejercicio de oposición responsable» de su partido hermano se vea «reflejado en otros ámbitos». Tampoco piden peras al olmo, pero dado que los nacionalistas catalanes siempre se han mostrado abiertos a la negociación parlamentaria, y no se ven ya condicionados por su papel de partido opositor en Cataluña, esperan poder obtener algunos réditos

Si el silencio del vicepresidente primero se debió a un intento de no incomodar al nuevo inquilino del Palau de la Generalitat está por ver. El hecho cierto es que, en contra de lo que suele ser habitual, ayer omitió en su comparecencia ante la prensa el resumen de los asuntos más relevantes del Consejo de Ministros y se limitó a ceder la palabra al ministro de Industria, Miguel Sebastián, para que explicara su plan de reducción de costes en el sistema eléctrico.

Fue, según dijo, por agilizar, dado que la reunión gubernamental se había alargado casi hasta las dos de la tarde. La ley de consultas populares por vía de referéndum se aprobó en marzo, tres meses antes de que el Tribunal Constitucional emitiera su fallo sobre el estatuto catalán de autonomía. El Gobierno se apoya ahora en aquella sentencia para argumentar que la norma vulnera las competencias exclusivas que la Carta Magna atribuye al Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos. Se apoya «ahora», según fuentes gubernamentales, porque no quedaba más tiempo para hacerlo.