Cuentas y católicas

La financiación pública de la Iglesia Católica viene de lejos. Su capacidad patrimonial fue reconocida por los edictos de Milán, en el año 313. Al clero le era permitido aumentar el patrimonio con aportaciones voluntarias, derechos de estola o tasas por administrar sacramentos. Los privilegios se mantienen en la Edad Media. Entonces se prohibía enajenar bienes eclesiásticos, lo que permitió a la Iglesia alcanzar un culto extraordinario y un clero numeroso.

Todas sus propiedades estuvieron amortizadas (sustraídas a la libre circulación porque su venta estaba prohibida) hasta que en el siglo XIX se produjo el proceso de desamortización que permitió al Estado incautar y enajenar bienes que, por lo general, después vendía a particulares en pública subasta. La Iglesia perdió toda su autonomía como consecuencia de este proceso.

Ya en tiempos contemporáneos, al finalizar la Guerra Civil española Franco restablece la dotación de la Iglesia y en los presupuestos de 1940 incluye la primera partida asignada como «obligaciones eclesiásticas». En 1953, mediante un concordato, se vuelve a incluir una nueva dotación y se añaden las indemnizaciones por las pasadas desamortizaciones. Se equiparan también los sueldos de los curas a los de los maestros y se consiguió una aportación global y única a entregar a la Conferencia Episcopal, paso previo a la solución que se adoptó en los acuerdos de 1979 con la Santa Sede para ceder un 0,52% de la asignación tributaria del IRPF, elevada al 0,7% en el año 2007 por el Gobierno socialista.