Los controladores, denunciados
La Fiscalía presenta una denuncia por sedición y estudia pedir el embargo de sus bienes para afrontar las millonarias indemnizaciones que se avecinan por el motín
Un operario observa desde la torre de control el aterrizaje de un avión.
La Fiscalía de Madrid dio ayer el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a las decenas de controladores aéreos que el pasado puente de la Constitución sembraron al caos en los aeropuertos de toda España al abandonar de forma masiva sus puestos de trabajo y dejaron en tierra a varios cientos de miles de pasajeros. El Ministerio Público denunció ante los juzgados de instrucción de Madrid a los controladores que, según informó Aena, se ausentaron de las torres de control de Barajas y Torrejón de Ardoz sin motivo justificado los pasados 3 y 4 de diciembre.
La denuncia, por el momento, es exclusivamente por sedición y se basa en dos preceptos. El primero es el artículo 545 del Código Penal, que fija penas de ocho a diez años de cárcel y la inhabilitación para empleo o cargo público por ese mismo tiempo para aquellos empleados que hayan «inducido, sostenido o dirigido» el motín, y además castiga con condenas de cuatro a ocho años a los que, sin ser cabecillas de la revuelta, hayan participado en ella.
Abandonos. El segundo artículo que invoca la Fiscalía es el 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea de 1964, que establece «pena de prisión menor como reos de sedición» a «los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo». Al delito de sedición podrían sumarse otros, según explicaron responsables de la Fiscalía. Este departamento está a la espera de que avancen las investigaciones para decidir si cabría acusar a los controladores de falsificación documental -”en el caso de que hubiera certificados médicos sin estar enfermos-” o por abandono de destino.
El escrito presentado en Madrid no es nominativo, o sea no identifica con nombres y apellidos a los supuestos sediciosos ya que, en puridad, no es una denuncia sino un oficio remisorio en el que se da cuenta exclusivamente del posible ilícito.