El último tren para Zapatero
El presidente afronta el último año de la legislatura acuciado por la crisis, las malas expectativas electorales y con la incógnita de si será el candidato del PSOE
Zapatero, durante su comparecencia del jueves en el Palacio de la Moncloa.
No hay reto más necesario que el de revertir una desorbitada cifra de paro, que supera ya el 20%. La realidad de más de 4,5 millones de desempleados eclipsa cualquier otro objetivo, pero todo hace presagiar que la mejoría sólo llegará a cuentagotas en el 2011. José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto, quizá por primera vez desde que llegó a la Moncloa, las luces largas y defiende con uñas y dientes su reformas estructurales. Ahora tiene ante sí una dura carrera de obstáculos.
En este arranque del 2011 el desafío más inmediato es la reforma de las pensiones. El 28 de enero el Consejo de Ministros aprobará, sí o sí, un proyecto de ley que elevará la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Zapatero es inflexible en este punto y lo único que admite son excepciones en caso de carreras largas o profesiones con fuerte desgaste físico. Aún está por determinar cuál será el período de cálculo, que podría moverse entre los 20 o 25 años, desde los 15 actuales y las exigencias para acceder a la pensión máxima.
La determinación de Zapatero, aboca al Ejecutivo a un escenario de conflicto con los sindicatos, a cierta convulsión interna en el PSOE y a un esfuerzo ímprobo de negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. Es previsible que finalmente cuente con PNV y CiU para la aprobación en las Cortes de una reforma que, en todo caso, tendrá una aplicación gradual -es decir, la edad de jubilación subirá poco a poco a lo largo de la próxima década-, pero aún no cuenta con su visto bueno.
Los debates en el Pacto de Toledo han demostrado una severa oposición, por supuesto de las fuerzas de izquierda, pero también del resto de grupos, a la imposición de los 67 años. Se aboga, más bien, por buscar fórmulas que permitan acercar la edad real de jubilación, hoy en 63,7, a la legal.
Los planes del presidente respecto a las pensiones han terminado de complicar la ya maltrecha relación con los sindicatos. Los efectos desengrasantes que, supuestamente, perseguía el nombramiento del ex secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, como ministro de Trabajo se han desvanecido visto el escaso margen de maniobra del que, realmente, disfruta. La amenaza de una nueva huelga general pende sobre el Ejecutivo y, de hecho, los sindicatos vascos ya la han convocado para el 27 de enero.
El éxito del paro del 29 de septiembre fue discreto, pero el Gobierno no lo minusvalora. Sabe que los sindicatos siguen siendo las estructuras organizativas con mayor capacidad de movilización y sabe también que muchos socialistas comulgan con ellos. Zapatero está dispuesto a pagar el precio en el caso de las pensiones, pero aspira a ser capaz de llegar a un acuerdo en el desarrollo de los reglamentos de la reforma laboral, que abordarán cuestiones como el modo en que una empresa debe acreditar pérdidas previstas para poder despedir a sus empleados con sólo 20 días por año trabajado; las condiciones para acceder a la bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social; el funcionamiento de las agencias privadas de colocación, o el papel sindical en caso de descuelgue del convenio.
Elecciones con mal cariz. No son sus elecciones, pero los comicios de mayo serán determinantes para medir la resistencia de Zapatero, como líder del PSOE, después de tres años de cruenta crisis económica. Los ánimos de los dirigentes autonómicos rozan el suelo. En los últimos meses han visto cómo el clásico discurso socialista de «no dejaremos a nadie en la cuneta» hacía aguas. Primero, con la congelación de las pensiones, el recorte de las inversiones en infraestructuras y la congelación del sueldo a los funcionarios; después con la reforma laboral, y, este último mes, con la eliminación de la ayuda de 420 euros para quienes hubieran agotado la prestación por desempleo. Muchos se temen un vuelco del mapa autonómico y una debacle en las grandes ciudades. Retener Castilla-La Mancha, Barcelona o Sevilla sería considerado un éxito.
Sucesión incómoda. Zapatero siempre vio con buenos ojos la decisión de José María Aznar de limitar su mandato a dos legislaturas, pero sostiene que al anunciarlo con tanta antelación incurrió en un error de cálculo político. Él mantiene la incógnita con el argumento de que ahora debe centrar toda su atención en sacar a España de la crisis «le cueste lo que le cueste».