Los municipios 'no se tocan'

Las autonomías socialistas no son proclives a la fusión de municipios planteada por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, al entender que ahora no toca ese debate, que los municipios son entidades administrativas de gran raigambre y que los españoles están íntimamente vinculados a su pueblo.

Así lo han expresado fuentes de los gobiernos autonómicos tras consultar su disposición a la propuesta de Chaves para que las comunidades impulsen la fusión de los municipios, sin que éstos pierdan su identidad y con carácter voluntario, a fin de conseguir una mejor gestión de los servicios públicos.

Sin embargo, las autonomías del PP celebran que el Gobierno se incorpore al debate de la fusión, ya impulsado por Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, mientras que otras, como Cantabria, del PRC, se decantan más por las mancomunidades al igual que Cataluña, CiU, donde existen numerosos casos de pequeñas poblaciones con servicios mancomunados.

«Yo soy oliventino -"asegura el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara-" y mi municipio que no me lo quite nadie, ni me lo unan con nadie».

Vara aseguró que en España «se dicen las cosas con mucha alegría» y avisa de que con estos planteamientos se puede «liar la gorda».

En Aragón, su vicepresidente José Ángel Biel es tajante y se niega a que su Comunidad impulse semejante fusión: «lo diga Chaves o lo diga el sursum corda».

«Que lo aplique donde quiera, menos en Aragón» asegura Biel, quien recuerda que su Comunidad tiene un modelo de organización propio con 32 comarcas. El vicepresidente ha recordado que en los años sesenta Franco pretendió fusiones similares, y «para ello los gobernadores civiles iban a los pueblos con un talón de 300.000 pesetas en mano».

La portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, augura que el Principado no abrirá ese debate, «muy sensible para los 78 municipios, que buscan soluciones como los consorcios».

En Castilla-La Mancha, el Ejecutivo hace hincapié en que los municipios tienen su origen en la Edad Media y constituyen una institución con la que los españoles se sienten muy identificados.

La Junta de Andalucía apuesta por órganos supramunicipales para rentabilizar recursos y que los servicios se puedan compartir.

En Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), aboga por racionalizar la administración local haciendo que los ayuntamientos más pequeños tengan que mancomunar sus servicios.

Asegura que los argumentos de Chaves le parecen «sensatos», pero reconoce que se trata de «un asunto complicado».

«¿Quién es aquel que le dice a un ayuntamiento que desaparezca, con el sentido patrimonial, de pertenencia y de historia que tiene cada uno?», se pregunta.

Por contra, comunidades del PP, como Galicia, celebran que el Gobierno se incorpore al debate, pero sugieren que la mejor fórmula es resolver la financiación.

La Xunta lo subvenciona. La Xunta recuerda que lleva tiempo impulsando la cooperación de municipios y, para ello, ha habilitado órdenes de ayudas económicas destinadas a fomentar el asociacionismo.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, quien considera «contradictorio» que por un lado el Gobierno invite a las comunidades a impulsar el asociacionismo y, por otro, se entorpezca su labor en este sentido.

Para la Comunidad Valenciana, la posibilidad de impulsar fusiones no es novedad y recuerdan que así lo recoge su ley de Régimen Local.

Madrid y Murcia coinciden en señalar que lo primero es regular la financiación local y «lo demás son aderezos».

La Junta, por las mancomunidades. Castilla y León se muestra contraria a la propuesta, apuesta por las mancomunidades y defiende a los ayuntamientos, una institución que ha existido «desde todos los tiempos».

En Navarra (UPN), el Gobierno comparte la fusión si no supone suprimir municipios y avanza que en 2012 se aprobará una ley para mejorar la reorganización.

En Euskadi, la futura ley vasca no establece promover fusiones, pero deja la puerta abierta a que determinados servicios puedan ser compartidos.

Por su parte, los gobiernos canarios y balear no se han pronunciado sobre el asunto.