Al margen de la realidad

La clausura de unas instalaciones ilegales que albergaban a enfermos mentales en Antimio de Arriba vuelve a evidenciar la desprotección social de estas personas y sus familias. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León investiga la imputación realizada por agentes de la Guardia Civil al propietario de una residencia para personas con enfermedad mental, al que acusan de un delito de abandono de incapaces, según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Las pesquisas de la Policía Judicial del cuartel de Armunia determinan que José Fernando Álvarez García, titular de un centro autorizado por la Junta de Castilla y León en Antimio de Arriba, habría utilizado presuntamente un segundo inmueble, oculto a los ojos de los inspectores de la Junta de Castilla y León, para albergar enfermos mentales sobrantes de la residencia que sí tiene legalizada. Se da la circunstancia de que este empresario ya fue sancionado por la Junta hace 18 años por ocupar estas mismas dependencias totalmente ilegales.

La casona fue clausurada por la Guardia Civil el día antes de la pasada Nochebuena. Fue una jornada penosa, como recuerdan en el pueblo. La vivienda, de dos plantas y aparentemente remozada por el exterior, se ubica frente a la casa nueva que alberga de forma legal a diez internos, ocho hombres y dos mujeres, con desarreglos mentales. Pasar de una vivienda a otra sólo exigía cruzar la calle. Ese día, los agentes decidieron actuar. Llevaban tiempo vigilando la vivienda. Aunque fuentes del Cuerpo no precisaron la fuente que les alertó, es muy probable que se tratase de la llamada de algún vecino de Antimio de Arriba, en donde los usuarios de esta residencia hacen una vida prácticamente normal. Los agentes hicieron vigilancia y comprobaron que varios internos de la residencia eran trasladados por la noche hasta la segunda vivienda y acomodados hasta la mañana siguiente. Aunque éste es uno de los extremos que tendrá que investigar la jueza.

Sospechas. «No es como la gente piensa», defiende Gloria González, empleada del centro desde hace siete años. «Yo nunca he visto esas imágenes que salen en Interviú ». Se refiere a una serie de fotografías publicadas recientemente por la revista. En una de ellas se veía a un hombre mayor tirado en el suelo y se aseguraba que dormía. «Ese señor está enfermo de parkinson y su familia nunca hubiera permitido verle así», insiste. Gloria González asegura que se ha responsabilizado de la residencia «desde hace dos meses». «Gano un poco más que de empleada», afirma mientras fríe pescado rebozado para los diez internos. Asegura que, después de la clausura de la vivienda en el mes de diciembre, el titular del centro quiso deshacerse de la residencia que tiene autorización administrativa y que ella ha asumido en calidad de arrendataria.

Gloria no tiene problema en que la prensa conozca la residencia a cualquier hora del día, «como puede hacer cualquier familiar». El centro nuevo, claro. Del viejo no quiere oír hablar porque, dice, «no es cosa mía». Sin embargo, la versión de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Castilla y León es diferente. Un portavoz de la institución considera que «si ella es ahora la responsable, las consecuencias del expediente tendrá que asumirlo el centro o quien lo regenta».

La intervención de los Servicios Sociales de la Junta ha sido, según la misma fuente autorizada, la correcta. La Administración autonómica ha incoado un expediente sancionador al comprobar sus inspectores que la empresa «recolocaba a estos señores» en otra vivienda. «El caso parece claro: hay un centro autorizado y su propietario, presuntamente cometiendo un delito, mete a gente en la casa de enfrente». Los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales analizan ahora el acta levantada durante la inspección y sus consecuencias administrativas.

A partir del día de Nochebuena, cuando la Guardia Civil desocupó la vivienda que no tenía autorización, la Junta se hizo cargo de los internos porque «las personas que estaban en esa situación no podían quedarse sin atender». Alguno de ellos volvió con su familia, «pero al final son las propias familias y ellos mismos las que piden volver aquí», indica la nueva responsable del centro. La Gerencia de Servicios Sociales mantiene que ninguno de los familiares de los afectados ha tramitado denuncias por este caso.

Muerto «de pena». Según Gloria González, en su momento trabajadora del centro, eran cuatro las personas que estuvieron alojadas en las instalaciones clandestinas durante meses. Tras la intervención de la Guardia Civil, fueron reubicados en centros. Uno de ellos, el anciano enfermo de párkinson, falleció a las pocas semanas «de pena» en la residencia donde fue trasladado. «Nos llamó su hijo y así nos lo dijo». Sólo una mujer fue llevada a un centro tutelado por la administración, pero actualmente ha vuelto a la vivienda de Antimio de Arriba.

Todos ellos siguen tratamientos psiquiátricos y proceden de diversos lugares de España, principalmente de la provincia. Algunos ingresaron tras recibir el alta médica en Santa Isabel o por solicitud de los familiares, puesto que están incapacitados judicialmente como se desprende de los cargos imputados al titular de la residencia.

Paralelamente, la investigación judicial continúa abierta. José Fernando Álvarez García sigue figurando en la Guía de Recursos de la Gerencia de Servicios Sociales como titular de la residencia Santa Paola de Montaldi, aunque la tiene alquilada por un año desde el pasado 1 de abril. El mismo empresario, al que ha sido imposible localizar telefónica o personalmente pese a los reiterados intentos, había sido sancionado en 1993 por hacer uso de las instalaciones que la Guardia Civil ha clausurado recientemente en este pueblo del alfoz leonés en coordinación con el Ministerio Fiscal y los Servicios Sociales.

La casa está ahora en venta, según anuncian los carteles colocados en las ventanas. El precinto de la puerta se produjo a la una y media de la tarde del 23 de diciembre. El cuarterón de un ventanuco de la planta baja no fue cerrado y se puede ver el interior de uno de los dormitorios, angosto, inadecuado. Una bata azul tirada de cualquier manera encima de una cama manifiesta lo rápido de aquel desalojo. Todavía hoy, los internos recuerdan la tarde navideña que les intranquilizó. Aseguran que comen bien, que reciben buen trato, que nunca les castigan, que jamás les han atado a la cama, que no hay otro sitio mejor para estar... «Pero no os fiéis de nada de lo que os digamos aquí».